a muerte de Arturo Beltrán Leyva, ocurrida ayer en Cuernavaca en un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) es, a no dudarlo, un golpe contundente al cártel del Golfo y, por extensión, a la delincuencia organizada en torno del narcotráfico. Sin desconocer la importancia del hecho, resulta pertinente ponerlo en una perspectiva realista y ajena a triunfalismos.

Ciertamente, la desaparición de quien fuera llamado jefe de jefes afectará el funcionamiento de la corporación criminal que encabezaba, y es posible, incluso, que ésta se disloque y se fracture; pero puede ocurrir también que un nuevo capo tome el mando del cártel del Golfo y que éste siga operando como hasta ahora. En contraparte, parece razonable suponer que el golpe recibido por esa organización fortalezca a sus rivales, específicamente al cártel de Sinaloa, encabezado, de acuerdo con las fuentes oficiales, por Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Sea como fuere, la muerte de Beltrán Leyva no incide ni poco ni mucho en las condiciones económicas, sociales y financieras que hacen tan rentable el negocio ilícito del trasiego de drogas, y sería erróneo suponer que este fenómeno vaya a reducirse o a hacerse inviable. Esta reflexión resulta particularmente necesaria luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dijera, horas antes de los violentos sucesos en Cuernavaca, que el incremento de la violencia en el territorio nacional se debe a que las organizaciones delictivas están empezando a sentir la presión de las autoridades mexicanas y que tomará tal aumento como un indicador del éxito de la guerra contra el narcotráfico emprendida hace tres años por el gobierno federal.

Tal guerra se ha centrado en atacar sólo la expresión epidérmica de un profundo deterioro social e institucional –en el que convergen la pobreza, la marginación, el desempleo y la corrupción– y en combatir mediante operativos policiaco-militares un fenómeno que posee también una insoslayable dimensión económica: tan sólo en nuestro país el narcotráfico emplea a cerca de medio millón de personas, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y genera, según estimaciones de la empresa de seguridad privada e inteligencia Kroll, ganancias hasta por 40 mil millones de dólares al año, cantidad que duplica el monto de las remesas desde Estados Unidos.

Por lo demás, el punto culminante de esta industria delictiva –aquél mediante el cual las organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos– involucra necesariamente al sistema financiero internacional, el cual comienza a mostrar indicios de dependencia del lavado de dinero que practican los cárteles de la droga. Son reveladoras, al respecto, las declaraciones realizadas por el zar antidrogas de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio María Costa, quien, en una entrevista reciente con el rotativo inglés The Observer, sostuvo que las ganancias del crimen organizado –unos 352 mil millones de dólares en 2008– fueron el único capital líquido disponible para algunos bancos durante buena parte de la crisis financiera global que se inició el año pasado, y que los préstamos interbancarios fueron fondeados por dinero originado en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

Por lo demás, lo expresado ayer por Pascual vuelve a poner de relieve la actitud hipócrita de Washington en materia de combate al narcotráfico, al no reconocer la cuota de responsabilidad que le corresponde en esa materia, y al intentar trasladar a otros países las tareas de seguridad que tendría que llevar a cabo dentro de su propio territorio. En efecto, la potencia vecina no sólo es el principal mercado de drogas en el mundo porque las sustancias ilícitas existan, sino porque, de manera poco explicable, su gobierno permite que ingresen a territorio estadunidense, con todo y fronteras inteligentes, satélites, cámaras infrarrojas, dispositivos láser, aviones de reconocimiento, buques guardacostas y complejas instituciones de espionaje.

Esta falta de voluntad hace inevitable que surjan sospechas en torno de un designio de Washington por mantener la inestabilidad y la violencia en naciones como la nuestra, a fin de tener coartadas para el intervencionismo y la vulneración de las soberanías nacionales –como se plantea hacer en México, con el establecimiento, anunciado ayer, de una oficina antinarco operada por agentes de la DEA–; o bien, por evitar un daño mayúsculo al sistema financiero estadunidense, al privarlo de las ganancias derivadas del comercio ilegal de drogas en ese país.

En tanto no se desmonte esa lógica perversa, el trasiego de drogas ilegales seguirá siendo una actividad rentable y se seguirá llevando a cabo, con o sin los capos que actualmente la controlan, o incluso en formas organizativas distintas a los grandes cárteles actuales. En suma, sin desconocer la importancia del golpe propinado ayer por las autoridades federales al cártel del Golfo, sería deseable que ambos gobiernos se abstuvieran de adoptar actitudes triunfalistas por la muerte de Beltrán Leyva y procedieran, en cambio, a replantear desde sus bases el combate al narcotráfico.