El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al presidente de la República, Felipe Calderón, para que ordene a la Secretaría de Gobernación suspender de manera provisional y hasta el 31 de marzo de 2010 cualquier trámite de índole administrativo u operacional relativo a la cédula de identidad ciudadana, y los datos biométricos que se obtengan de la ciudadanía.

En tanto, el anuncio de la adjudicación de otra fase del proceso de elaboración de la cédula de identidad volvió a evidenciar las diferencias en el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los pasos de Gobernación en su proyecto. El consejero electoral Marco Antonio Gómez reprochó que la dependencia no escuche sus reclamos sobre los efectos negativos para la credencial de elector, mientras Benito Nacif consideró importante que se avance a la espera de un acuerdo con el IFE, siempre y cuando se aclaren todas las impugnaciones que han presentado las empresas.

En San Lázaro, Pablo Escudero, vicecordinador del Partido Verde Ecologista de México, promovió el exhorto junto con el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Canek Vázquez, por considerar que en tanto no se logren los consensos necesarios en el ámbito de las comisiones competentes del Congreso, y se revisen detalladamente y en conjunto las modalidades de aplicación y estrategias generales del programa, se debe detener su operación.

Los argumentos de Escudero señalaron que Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, manifiesta buena voluntad en el proceso de elaboración del documento de identificación, pero se debe reconocer que no se comparte la inexplicable premura de seguir impulsando los proyectos de la cédula, cuyo costo se elevaría a más de 3 mil millones de pesos.

Hay preocupación en el Congreso –dijo– porque se podría desvirtuar la información de todos los ciudadanos. No se puede permitir que los sótanos de Gobernación sirvan de bodega donde se acumule toda la información de los ciudadanos. Es un tema tan delicado que no podemos construir los acuerdos necesarios sin hacer un alto en el camino, no podemos esperar a que Gobernación obtenga la base de datos de todos los mexicanos para luego decidir quién los va a resguardar, porque esa información debe ser clasificada como de seguridad nacional.

Entre tanto, en el IFE, Gómez Alcántar lamentó que las conversaciones entre ese instituto y Gobernación sólo hayan servido a esta última para comprar tiempo y seguir avanzando en su proyecto, en tanto que las preocupaciones del IFE no son escuchadas. El único que avanza es Gobernación y el riesgo es para la credencial de elector, mientras nosotros no tenemos absolutamente nada; por eso es imprescindible que el Congreso se incorpore al debate y dé certeza sobre el tema.