Houston, 15 de diciembre. Una amplia coalición de legisladores demócratas presentó este martes un proyecto de ley sobre una reforma migratoria integral que incluye un proceso para la legalización de millones de indocumentados, con lo que arranca la tercera ronda en esta década para intentar reformar lo que todos aseguran es un sistema de migración descompuesto.

El representante Luis Gutiérrez presentó este martes su iniciativa de ley, respaldada en un inicio por más de 70 legisladores, que busca sentar las demandas del polo más pro migrante en el Congreso en lo que promete ser, una vez más, un intenso debate sobre migración.

El anuncio fue bien recibido por una amplia gama de organizaciones latinas, sindicales, de defensa de derechos de inmigrantes y asociaciones empresariales, quienes coincidieron en que este proyecto marca el inicio de un intento más por promover una reforma integral. El presidente Barack Obama se comprometió a promover tal reforma este año, aunque después la aplazó para principios de 2010.

Organizaciones opositoras renuevan ataques

De inmediato organizaciones opositoras renovaron su ataque y recurrieron al explosivo término amnistía para calificar la nueva iniciativa de ley. Todo promete que se repetirá el agrio, y a veces hasta peligroso, debate sobre migración que acabó con los dos intentos anteriores de una reforma, ambos con el firme apoyo del entonces presidente George W. Bush.

Existe gran preocupación por el peligro de una tercera derrota en la búsqueda de una reforma migratoria, y varios analistas señalan que a pesar de contar con el control demócrata tanto del Congreso como de la Casa Blanca, esto no garantiza un triunfo fácil. Tanto las divisiones entre demócratas y la coyuntura no ofrecen un panorama optimista. Varios advierten que ahora justo cuando el nivel de desempleo es el más alto en casi tres décadas y continúa la crisis económica más grave desde la Gran Depresión, no es el momento más propicio para impulsar una reforma que incluya algún tipo de legalización de indocumentados.

El proyecto presentado por Gutiérrez contiene una mezcla de medidas de seguridad como un proceso de legalización de indocumentados, protecciones laborales, y mecanismos para abordar el flujo futuro de inmigrantes. Aunque no complace del todo a la amplia gama de agrupaciones pro reforma migratoria, muchos de ellos –el Consejo Nacional de la Raza, la central obrera AFL-CIO, la asociación empresarial Agricultural Coalición for Immigration Reform, y diversas organizaciones en Washington pro reforma (la coalición nacional Reform Immigration for America, Center for American Progress)– elogiaron a Gutiérrez por iniciar el debate.

Para algunos promotores este proyecto de ley no pasará tal como está, pero sí establece un punto de referencia. Expertos del Migration Policy Institute comentaron que será el enfoque de ataques de opositores a una reforma, y de cierta manera marcará la posición más liberal. Para otros esto representa el arranque del proceso. A la vez, algunos aguardan otro proyecto que elabora el senador Charles Schumer, mucho más limitado, pero que se considera más pragmático y por lo tanto con mayor posibilidad de sobrevivir en el proceso legislativo.

Sin embargo, la importancia del paso que dio hoy Gutiérrez es que obliga a las diversas fuerzas políticas a definirse. Esto establece lo que queremos, aunque sabemos que no obtendremos todo. Pero ahora la pregunta es qué tan serios serán en promover una reforma tanto el gobierno de Obama, el liderazgo demócrata, nuestras propias bases, y empresarios, sindicatos y otros que dicen exigir una reforma, dijo a La Jornada un veterano de estas luchas por la defensa de los derechos latinos y de los inmigrantes, y quien participa en las estrategias para promover estas iniciativas (y quien pidió el anonimato).

La iniciativa presentada hoy establece un mecanismo de legalización que requiere que los indocumentados se registren, presenten sus antecedentes (o sea, confiesan que ingresaron sin papeles), pagan 500 dólares en multas e impuestos, aceptan estudiar inglés y civismo estadunidense, y se les otorga un estatus provisional. Esto les permite trabajar y viajar. Después de seis años podrán solicitar una credencial de trabajo (green card) siempre y cuando se compruebe que han estado trabajando, estudiando, forman parte de las fuerzas armadas o de alguna manera concreta contribuyen a la comunidad. No se pide como requisito que regresen a su país de origen para esta medida.

El proyecto de ley, con el nombre de Reforma Migratoria Integral de 2009 para la Seguridad y Prosperidad de Estados Unidos (CIR ASAP), también incluye mecanismos para la legalización de trabajadores agrícolas y estudiantes, favorece que se establezca una comisión independiente que regule los futuros flujos de trabajadores y abroga el programa 287(g) que permite a policías locales actuar como agentes de inmigración. A la vez, mejora la protección de trabajadores huésped y regula a contratistas y reclutadores.