El Senado debe exigir al gobierno federal informes trimestrales sobre la deuda pública, debidamente desglosados y comprensibles, toda vez que desde 2007 se ha incrementado y hay discrepancias en cuanto a su monto, con cifras oficiales contrastantes.

La propuesta se incluye en un informe que la comisión de deuda pública entregó a la Junta de Coordinación Política del Senado.

En la misma, se detalla que la deuda pública federal se rige por un marco jurídico inapropiado, incompleto y laxo que no permite dejar claro cuál es el endeudamiento total; los montos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México, hasta diciembre de 2008, tienen una diferencia de 1.5 billones de pesos.

En ese informe, que elaboró la Comisión Especial para Determinar las Causas del Bajo Financiamiento para el Desarrollo y del Elevado Monto de la Deuda Pública y sus Instrumentos, que preside el senador de Convergencia, Dante Delgado, se advierte que más allá de toda posición ideológica y partidista las recomendaciones que se incluyen en ese documento resumen la opinión de expertos, especialistas y diferentes sectores productivos, recopiladas en 23 reuniones de trabajo y cinco de comisiones unidas desde la instalación formal de ese organismo en abril de 2007.

Se advierte que si el Congreso no aborda el problema las consecuencias serán mayores para la economía nacional, que desde hace más de 30 años enfrenta un bajo crecimiento y racionamiento del crédito.

En el documento se detalla que de 2007 a la fecha se ha incrementado el monto de la deuda pública y las discrepancias en torno a la misma, en especial por el incremento sostenido de los pasivos contingentes del rescate bancario y los Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto, mejor conocidos como Pidiregas.

Se resalta que no se cumple el artículo 73 de la Carta Magna ya que no hay un marco jurídico adecuado, a lo que se agrega que la Ley Federal de Deuda Pública, que data de 1976, carece de reglamento y las modificaciones, que se hicieron a la misma en 1995, acrecentaron la falta de claridad en los montos, destinos y servicios del endeudamiento.

Los pasivos contingentes del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y de los Pidiregas, entre otros –que según el Banco de México representan 12.1 por ciento del producto interno bruto–, contribuyen a mayor imprecisión y poca transparencia de la deuda.

La opacidad es mayor, se agrega, si se consideran los Pidiregas con inversión directa en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los que en 2007 llegaron a 20 por ciento del PIB.

Esto configuró una deuda pública real cercana a 50.2 por ciento del PIB.

En el documento entregado a la Junta de Coordinación Política se sostiene que el monto llegó a ese nivel a pesar de que la reforma de 2008 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estableció que Pemex reconocería como deuda directa todos los financiamientos de terceros.

Diferencias por un billón de pesos

Sin embargo, con la reforma la SHCP consigna dos cifras distintas de deuda neta del sector público. En el informe de 2009 la dependencia, que encabezaba enton- ces Agustín Carstens, presentó una cifra con reconocimiento de Pidiregas y otra sin esos proyectos, lo que representa una diferencia de casi un billón de pesos.

Tal situación jurídico administrativa permite que la gestión y el manejo de la deuda pública sean técnicamente cuestionadas e induzcan a apreciaciones inexactas sobre la capacidad de endeudamiento y los niveles del gasto público.

Por todo ello, la comisión elaboró una serie de recomendaciones, para que el Senado las asuma, entre ellas la exigencia al Poder Ejecutivo de informes trimestrales que incluyan todo lo contratado y comprometido en forma directa, indirecta o contingente por el gobierno federal, sus organismos y empresas, BdeM, la banca de desarrollo y el intrincado laberintos de fondos y fideicomisos.

Se recomienda también realizar una auditoría sobre el origen, impacto presupuestal y el efecto sobre el gasto público de la deuda del Fobaproa-IPAB y de los pasivos derivados del rescate carretero y los Pidiregas, especialmente en Pemex.