Después de 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en México las autoridades han secuestrado el discurso sobre las garantías fundamentales para mantener una imagen hacia el exterior y legitimar acciones internas. Sin embargo, en la práctica continúan las violaciones a los derechos, y algunas incluso se incrementan, advirtió el Centro Fray Francisco de Vitoria.

Al emitir su postura en torno a la situación actual de las garantías individuales en el país y los retos en la materia, la ONG señaló que la militarización del país con motivo de la seguridad pública, la presencia del crimen organizado y el modelo económico que se aplica en el país generan graves transgresiones a derechos, como a la seguridad, integridad física, igualdad, salud, alimentación y acceso a recursos naturales, entre otros.

Derechos que creímos consolidados otra vez se ven vulnerados y aparecen formas nuevas de violentarlos. Por ello, el centro –presidido por Miguel Concha Malo– subrayó que seguirá considerando como prioridad la defensa de la dignidad humana, por lo que su trabajo se centrará en las víctimas.

La delincuencia organizada y el narcotráfico son ejemplos de formas en que el Estado es retado para dar una respuesta adecuada y eficaz, sin que por ello violen los derechos fundamentales de las personas. Al mismo tiempo, nos enfrentamos con la tendencia a la militarización con motivo de la seguridad pública, aspecto que nos preocupa y ocupa, dadas las violaciones y abusos que ya se han presentado en contra de la población civil.

El centro Fray Francisco agregó que los defensores de garantías fundamentales y los periodistas enfrentan un contexto de criminalización de su trabajo, Por ello se debe actuar de manera decidida para que las autoridades respeten y garanticen los derechos a manifestarse de manera pacífica y a la libertad de expresión.

Señaló que el actual modelo económico sigue privilegiando los intereses de unos pocos en contra de la mayoría de la población, por lo que derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son sumamente vulne- rados, lo que se refleja en la enorme pobreza y desigualdad que aún priva en el país.

Otros elementos aún pendientes –destacó– son los derechos al territorio, a la explotación racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales, al agua y a la salud.

Refirió que las autoridades también tienen deudas con grupos de la población que por años han sido discriminados: indígenas, discapacitados, niños, migrantes, personas con orientaciones sexuales diversas, quienes viven con VIH-sida, adultos mayores, campesinos y reclusos. También es prioritaria la lucha en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, a fin de lograr una verdadera equidad de género y evitar cualquier acto regresivo en la materia.