La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados elabora un proyecto de ley general contra el secuestro, con el propósito de federalizar ese delito, acumular los años de pena de cárcel aplicada a los secuestradores, internar a los responsables en reclusorios federales de alta seguridad, atacar el patrimonio de éstos y sus familias, y prohibir la negociación con fines de lucro.

Jorge Valdez, representante del PRI en San Lázaro, quien se encarga de elaborar el documento, refirió que en su partido la mayoría de los diputados se manifiestan por que las penas aplicadas a los secuestradores sean de prisión. Tal postura se confronta con la publicitada por el Partido Verde (PVEM), de aplicarles la pena de muerte.

Creemos en la racionalización del Estado. El delito es de enorme preocupación social, porque produce efectos sicológicos y económicos de enorme peso en las familias. Consideramos que las penas de prisión para los secuestradores se ubiquen entre los 40 y 50 años. Y si se considera el castigo acumulativo por el tipo de acto que los delincuentes cometieron, el encierro se convertiría en perpetuo.

El responsable del proyecto de dictamen abunda en torno al castigo para estos delincuente, pues la nueva legislación contemplaría individualizar el número de años en encierro. “Buscamos que las penas sean altas, pero no a priori.

El combate de las autoridades al flagelo implicaría la complementariedad entre los gobiernos federal, estatales y municipales, sin que se descarte que en principio la responsabilidad se centre en las instituciones del Ejecutivo federal. Si bien participarán los estados, la obligación legal se centraría en la PGR y la Policía Federal, entre otras instancias.

A la fecha la Comisión de Justicia trabaja los fundamentos del nuevo proyecto sobre dos iniciativas. La primera fue presentada por el ex diputado César Camacho (PRI), y la segunda por Alberto Pérez Cuevas (PAN).

El contenido del nuevo texto tomaría elementos de ambos documentos. Se crearían instancias específicas para el combate al delito, como la llamada Comisión Federal para Combatir el Secuestro, el Fondo Federal para el Combate del Delito de Secuestro, y una Subsecretaría Especializada en la Investigación del Delito de Secuestro.

Se prevé la coordinación entre instituciones de un mismo ámbito de gobierno, colaboración con las entidades federativas, y apostar por la inteligencia como método de investigación. Se incluye la figura de los agentes infiltrados, a fin de que la autoridad conozca la estructura de la organización, formas de operación y ámbitos de actuación de los secuestradores.

También se prohibiría la venta o adquisición e intermediación de seguros de riesgo con instituciones de seguros, que tengan la finalidad de pagar un eventual rescate por secuestro ocurrido en territorio nacional. En este caso se reformaría la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para especificar dicha prohibición.

Un elemento que endurecería el castigo se refiere al ataque al patrimonio de los secuestradores y de su entorno más directo, de sus cómplices y hasta en la medida de lo posible de su familia, por lo que la extinción de dominio deberá incluir el secuestro, siempre y cuando los bienes sujetos a la acción legal sean objeto o producto del delito.

A raíz de que los centros preventivos y de reclusión no han sido impedimento para que los secuestradores sigan operando desde su interior, se propondrá que los procesados o sentenciados por el delito en cuestión siempre permanezcan en los centros federales de readaptación social de máxima seguridad.