l sistema político sostenido por PRI y PAN profesa un neoliberalismo contradictorio: proclama la libre competencia, pero no impide la existencia de monopolios, por el contrario, los solapa y sostiene a toda costa. Tal sucede con la distribución del gas natural, que ha sustituido en muchas partes del mundo con ventaja, a la venta del gas LP.
Distribuir gas por una red de conductos que llegan directamente a los hogares, y no mediante contenedores o tanques, como les llamamos en México, es más barato, menos peligroso y más limpio. Está bien, es bueno cambiar a un sistema más moderno que representa ventajas.
Lo malo y criticable en el caso de México, es que el afán privatizador y el signo de pesos por medio del que ven todo nuestros altos políticos, ha favorecido las prácticas monopólicas, los abusos y el descontento de los usuarios. En muchas ciudades de nuestro país, pero especialmente en el Distrito Federal, la distribución de gas natural ha sido motivo de quejas y protestas.
En nuestra hermosa ciudad, la mayoría de los grandes conjuntos habitacionales, 23 en total, entre ellos Tlatelolco, Unidad Independencia, Lomas de Plateros y otros, han adoptado por decisión gubernamental, el sistema de gas natural por medio de una red de ductos que inicialmente era propiedad de Pemex, quien la instaló mediante una de sus filiales, la cual también prestaba el servicio. Como repito, era más limpio y más seguro y, principalmente, más barato. Hoy las cosas han cambiado radicalmente, la red y los contratos a los usuarios se entregaron en forma poco clara a un consorcio mercantil español (tenía que ser) el cual con nombres y razones sociales cambiantes, Gas Natural, Comercializadora de Gas Natural, Comercializadora Metrogas, presta el servicio, pero con innumerables abusos y arbitrariedades, según denuncian los usuarios.
Éstos han tenido que organizarse y han acudido ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la Comisión Reguladora de Energía y finalmente ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, en donde se les ha atendido y se les presta apoyo mediante áreas especializadas en condominios, con que cuenta esta última institución.
Lo que señalan los usuarios en el Distrito Federal, es que carecen de contratos actualizados en que se definan sus derechos y obligaciones, por lo que reciben facturas arbitrarias a las que, al consumo, se le agregan rubros como comercialización
, visita a hogar
y otros injustificados, pero una vez pagada una cuenta, siguen apareciendo estos cobros sin razón en las facturas subsecuentes.
La queja es también por lo caro del servicio ahora que es privado; ya no es más barato que el LP y lo peor es que no hay opción; se trata, como en otros casos, de un monopolio protegido que tiene ganancias altísimas porque la brecha entre lo que pagan a Pemex por el gas y lo que cobran a los consumidores, clientes cautivos, es cada vez mayor.
Este sistema, que se quiere seguir en otros productos de Pemex, en Correos y quizá otras áreas, nos presenta un doble ejemplo contrario; por un lado muestra con crudeza lo injusto del sistema privatizador y monopólico, pero por otro, es un ejemplo de cómo se defienden los ciudadanos si se organizan.
La Constitución reconoce derechos sociales, establece mecanismos jurídicos para la defensa de algunos sectores vulnerables, entre estos, el de los consumidores que, aislados, no pueden enfrentar a las grandes empresas con las que se ven obligados a tener tratos, pero juntos sí pueden defenderse. Quizá sea la hora de pensar, tomando como modelo al derecho laboral, en contratos colectivos de servicios, entre los prestadores de éstos y los usuarios organizados obligados a defenderse ante los abusivos.
