La juez federal Guillermina Coutiño Mata escuchó ayer una serie de alegatos expuestos por los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes de manera oral ratificaron los argumentos jurídicos con los que pretenden demostrar a la juzgadora que fue inconstitucional el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), durante una audiencia pública que concluyó entre murmullos y versiones extraoficiales sobre la posibilidad de que los quejosos obtengan este viernes el amparo.

En la diligencia estuvieron presentes funcionarios de las 21 instituciones públicas involucradas con la expedición, publicación y ejecución del decreto presidencial del pasado 11 de octubre, pero a diferencia del grupo de defensores de los electricistas, los representantes jurídicos de la parte demandada, entre ellas 11 dependencias federales, las cámaras de Senadores y Diputados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), optaron por entregar sus alegatos por escrito y guardar silencio durante la audiencia.

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, uno de los abogados del SME, fue el primero en hacer uso de la palabra. Comenzó exponiendo a Coutiño Mata que las autoridades federales violaron la Ley de Amparo, pues rindieron sus informes para justificar fuera del tiempo límite establecido en esa norma.

Usted, señora juez, debe aplicar las multas correspondientes y acordar que las autoridades consintieron el acto reclamado (la inconstitucionalidad del decreto) por no rendir a tiempo sus informes, de acuerdo con lo que establece el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, expuso Carrancá, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Luego, indicó que el decreto calderonista pasó por alto la fracción décima del artículo 75 de la Carta Magna, respecto a que sólo es facultad del Congreso de la Unión crear o extinguir Luz y Fuerza. También dijo que el decreto se emitió sin que se respetara la garantía de audiencia de los trabajadores electricistas, lo que volvió inconstitucional el ordenamiento.

Otro de los abogados que se dirigieron a la juzgadora fue Carlos de Buen, quien le dio una sugerencia sobre lo que podrían ser algunos de los alcances de la resolución judicial, en caso de que la juez conceda el amparo a los electricistas. Suponiendo, sin conceder, que usted resuelve que no fuese reversible la extinción de LFC, aún así procede el amparo para el efecto de que los trabajadores no pierdan ninguno de sus derechos laborales, ya que en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, la sustitución patronal no afecta las relaciones de trabajo; de manera que el nuevo patrón o el patrón sustituto sería CFE, conservando los trabajadores todos sus derechos, individuales y colectivos, entre ellos el de elegir a sus representantes sindicales y conservar su contrato colectivo, expuso Carlos de Buen.

Para justificar la supuesta constitucionalidad del decreto presidencial, la Secretaría de Energía (Sener) le entregó ayer un escrito a la juez en el que asegura que el titular del Ejecutivo federal sí tiene facultades para crear y extinguir organismos descentralizados del servicio público, lo que se demuestra, según la autoridad, con el decreto que en 1994 firmó el entonces presidente Carlos Salinas para crear LFC.

Si el ex presidente (Salinas) de la República no hubiese emitido el decreto de creación de LFC, lo que es su plena facultad, por mucho que el Legislativo lo hubiera instruido a ello, simplemente no existiría Luz y Fuerza, razonó en su informe la Sener.

Al finalizar la diligencia, la juez sorprendió al anunciar que a partir de las nueve horas de este viernes los interesados podrán consultar el sentido de su fallo en las listas de acuerdos del juzgado primero de distrito auxiliar, ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.

Antes de retirarse, con el rostro adusto, Arturo Martínez Salas, integrante del departamento jurídico de la Presidencia de la República, comentó en voz baja ante sus colegas funcionarios: ya no perdamos el tiempo aquí; hay que ir preparando la apelación.

Hasta el cierre de esta edición, la juez continuaba trabajando en la redacción de su sentencia, la cual no será definitiva, pues aunque concediera el amparo a los electricistas y ordenara la restitución de LFC, las autoridades federales podrán impugnar el fallo ante un tribunal colegiado en los diez días hábiles posteriores a la resolución. Además, como se trata de un problema de constitucionalidad, lo más probable es que el litigio sea atraído el próximo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.