El Senado aprobó ayer una reforma constitucional en materia de juicio de amparo que, en opinión del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, es la modificación más importante en 25 años al principal instrumento de protección de los derechos de los mexicanos.

El senador perredista Pablo Gómez también expresó satisfacción por dicha reforma, que –dijo– es producto del diálogo constructivo, abierto e incluyente entre las fuerzas políticas, y una vez que se concrete, al concluir el proceso en la Permanente, será de enorme trascendencia para la justicia en el país.

En tanto, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó que la medida busca redimensionar las facultades del Poder Judicial, y el panista Alejandro Zapata Perogordo, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que se da un paso adelante para transformar la institución del amparo y reconocer los derechos humanos y sociales de los individuos.

Las modificaciones a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 constitucionales fueron aprobadas en lo general con 89 votos en favor y ninguno en contra. Contienen nuevos preceptos encaminados a extender el alcance de la figura de amparo a la protección de las garantías fundamentales contenidas en tratados internacionales signados por el gobierno mexicano.

En la exposición de motivos, se resalta que la reforma elimina tecnicismos y formalismos que han dificultado el acceso y, por tanto, disminuido el ámbito de protección del amparo. Además, fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional.

En tribuna, Pedro Joaquín Coldwell expuso que otros de los avances de la reforma son establecer el interés legítimo, que permitirá ampararse a alguien que no sea agraviado directo. Asimismo, que luego de jurisprudencia reiterada de la SCJN, las resoluciones tengan efectos generales de inconstitucionalidad.

Pablo Gómez recordó en tribuna que Pedro Joaquín Coldwell llamó a ese cambio la democratización del amparo, ya que en la actualidad el derecho reclamado se concede sólo al quejoso, no a todas las personas víctimas del mismo abuso de autoridad.

Lo que se garantiza ahora es que una vez que se establezca jurisprudencia que declare inconstitucional determinada ley, la SCJN ordenará su derogación, luego de dar un plazo de 90 días al Congreso para formular los cambios debidos.

Pablo Gómez resaltó que los cambios al artículo 103 constitucional permitirán resolver una contradicción grande del Estado mexicano, que “ante el mundo reconoce los derechos humanos establecidos en los instrumentos y tratados internacionales, pero no cuenta con un régimen interno que permita a cualquier mexicano reclamar la violación de esas garantías.

El artículo 103 estaba acotado porque hablaba de leyes y actos constitucionales que vulneraban derechos fundamentales, y ahora se incluye una transformación que es toda una columna vertebral, ya que se habla de normas generales, expuso a su vez Zapata Perogordo.

Monreal destacó que se fortalece a la Corte como tribunal constitucional y se le dan mayores facultades, entre ellas que pueda separar de su cargo o consignar ante un juez penal al funcionario o autoridad responsable que se haya negado a acatar una resolución de amparo.