El senador del PAN Santiago Creel Miranda se congratuló por la decisión de frenar el dictamen que retomaba parte central de la llamada ley Televisa, sobre todo el refrendo de concesiones de medios electrónicos, sin licitar, ya que ello marcha a contracorriente de lo determinado por la Suprema Corte.

Es importante también que, además de posponer hasta febrero la discusión de ese dictamen, elaborado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se haya abierto la posibilidad de discutir la reforma integral en materia de medios electrónicos, agregó.

Al mismo tiempo, la presidencia de la mesa directiva del Senado rechazó las acusaciones que un día antes formuló la directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) contra el perredista Carlos Sotelo, a quien llamó chavista por impulsar la reforma que concedía el refrendo automático y permitía que los medios públicos tuvieran un porcentaje de anuncios publicitarios y otras mejoras.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, leyó el pronunciamiento, en el que se respalda a Sotelo, quien preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y se asegura que su desempeño ha sido de acuerdo con lo dispuesto por el marco jurídico y la normatividad interna del Congreso.

El Senado exhortó a los integrantes de la CIRT a participar en el proceso de reforma indispensable que requiere el sector, a través de un diálogo abierto y responsable, recalcó.

Sotelo, a su vez, presentó ayer una reforma integral en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que atiende los términos de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en 2007, la cual declaró inconstitucional la llamada ley Televisa, e incorpora algunos planteamientos del grupo plural de legisladores que por más de un año analizó las modificaciones a esa legislación.

A diferencia del dictamen que un día antes se decidió retirar y posponer hasta el próximo periodo de sesiones de febrero, en esta reforma Sotelo propone que todo refrendo de concesiones debe efectuarse vía licitación pública, a través de concursos transparentes y reglas claras.

Propone que las concesiones para radio y televisión duren 10 años y las de telecomunicaciones 15, además de que los concesionarios deberán pagar una contraprestación por las mismas.

Creel consideró que es importante que al final la congruencia y la razón prevalecieron y se paró un predictamen que no tenía ningún futuro, “sobre todo por su inconsistencia constitucional, por su falta de concordancia con lo que resolvieron los ministros de la Suprema Corte.

Lo que no se quiere es que se redite una legislación que vaya a acabar en la Corte y sea susceptible de anularse.

Sin embargo, añadió, el asunto tuvo un lado positivo, ya que sirvió para reanimar los trabajos y sacar los compromisos de llevar a cabo una reforma amplia, constitucionalmente bien hecha, que responda a las necesidades que tiene el país en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, a la competencia, la seguridad jurídica y a la modernización del sector en el camino hacia la digitalización.

Ataque desproporcionado

Creel consideró que es incorrecto que la CIRT haga señalamientos como los que formuló contra Sotelo. El senador del PRI Francisco Labastida Ochoa dijo que fue desproporcionado el ataque y la CIRT se dio un balazo en el pie, ya que perdió la oportunidad de que se aprobara el refrendo automático de las concesiones a cerca de 300 radiodifusoras que pasan de AM a FM.

A su juicio, la CIRT debió entrar en una negociación con los interesados y con las comisiones dictaminadoras para hacer los cambios a las iniciativas, satisfaciendo las inquietudes que se planteaban.

Creel, en cambio, expuso que era intransitable aprobar el refrendo automático, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte. Ahora que se abra el proceso, para la reforma de fondo, hay que sentarse con la CIRT y con el grupo plural que trabajó más de un año.