El gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano. Su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables, contribuye a crear un clima de abusos e impunidad, afirmó Amnistía Internacional (AI).

En un nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años. El problema se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia.

Ante esto, Alberto Herrera, representante de la organización en México, convocó a las representaciones de AI en otras naciones a que realicen manifestaciones en las embajadas mexicanas, con el propósito de expresar su consternación por la situación que se vive en el país.

Aunque en el informe se reconocen las dificultades de seguridad pública y de cumplimiento de la ley que existen en el país, el organismo internacional advirtió que el delito no se combate con más delito, y la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos.

El reporte presentado ayer por Alberto Herrera da cuenta del incremento de la falta de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de la ineficaz respuesta de las autoridades civiles y militares para prevenir y castigar a los responsables.

Con esta actitud, dice el organismo, el Estado es cómplice de los delitos. Además, la falta de cooperación con los familiares u otras autoridades competentes, como la CNDH, que tratan de establecer la verdad y hacer justicia, puede equivaler incluso a una ocultación.

También menciona la dificultad de contar con información detallada de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, debido a las restricciones en el acceso a los datos y, principalmente, la intimidación y amenazas contra algunas víctimas y sus familiares. Una organización no gubernamental de Nuevo Laredo informó que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, pero sólo 21 particulares presentaron querella ante las autoridades.

En la CNDH se refleja mejor el incremento de la problemática, pues de 182 quejas recibidas por este organismo en 2006, se pasó a 367 en 2007, mientras que para 2008 la cifra llegó a mil 230. En los primeros seis meses de este año se tenía un registro de 559 inconformidades. En esos tres años, las recomendaciones pasaron de cero a seis y 14 en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, mientras que en 2009 ha emitido 25 recomendaciones.

AI destaca la situación de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez, donde de marzo de 2008 a septiembre de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una oficina municipal recibieron más de mil 300 quejas de abusos del Ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial.

El informe de AI da cuenta de cinco casos graves y emblemáticos de atropello a las garantías fundamentales de 35 personas ocurridos entre octubre de 2008 y agosto de 2009.

En todos ellos los responsables son miembros del Ejército, y lo más grave, indica el documento, es que estos hechos no son excepcionales, sino frecuentes, y en algunas zonas habituales. Incluyen desaparición forzada, homicidios extrajudiciales o ilegítimos, tortura y detención arbitraria, entre otros.

Durante la conferencia de prensa en que Herrera presentó el informe, el investigador Miguel Sarre advirtió que la violencia del aparato del Estado es indecible y da cuenta de un problema de gobernabilidad. No es posible que ocurran las violaciones a derechos humanos sin que estén enterados los mandos superiores del Ejército o el presidente Felipe Calderón. De lo contrario, dijo, significaría que los militares actúan al margen de la ley, lo que a su vez supondría que el país se encuentra en un estado de excepción.

En relación con la CNDH, el informe de AI reconoce que ante la falta de interés de las autoridades civiles y militares por indagar las denuncias en contra de los soldados, el ombudsman ha asumido una función central del proceso judicial. Sin embargo, carece de autoridad legal y competencia para llevar a cabo investigaciones criminales, además de que sus indagaciones son limitadas y lentas; tarda muchos meses en llegar a una conclusión, y aunque formule una recomendación, no hay garantía de que su consecuencia sea una investigación criminal eficaz, pronta e imparcial.

Para AI, el primer paso para corregir el rumbo es que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de garantías fundamentales cometidas por la milicia en el desempeño de sus operaciones de seguridad pública en los años recientes, y que actúen para revertir esa tendencia.