urante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendió una nueva defensa de la política de seguridad adoptada por su administración, enfatizó su decisión de no cejar en la lucha contra el crimen organizado y se congratuló por desoír las voces que ingenuamente pretenden que simplemente el Estado se retire de esa lucha, como si esos problemas se fuesen a solucionar por arte de magia.

Esas declaraciones están antecedidas por un conjunto de señalamientos críticos emitidos por diversos actores políticos –incluido un sector de su partido, Acción Nacional– contra la persistencia de la actual postura oficial de combate al narcotráfico y al crimen organizado, así como por una percepción generalizada en la sociedad de que la guerra emprendida por el calderonismo hace 36 meses, en vez de contribuir a restablecer la seguridad pública y la legalidad, ha multiplicado las expresiones de violencia en todo el país; ha provocado un aumento en la escala de barbarie y en el grado de determinación con que se desempeñan las bandas delictivas; ha incidido en mayor descomposición de las entidades policiales y de procuración e impartición de justicia, y ha planteado un escenario propicio para la violación sistemática e impune de las garantías individuales por parte de efectivos castrenses desplegados en territorio nacional.

Significativamente, durante el acto encabezado ayer por Calderón, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, señaló que ha habido un incremento notable en las quejas por la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. En el mismo tenor se pronunció Amnistía Internacional, al señalar, mediante un reporte, que las fuerzas armadas emplean las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura como patrones de combate al crimen organizado. Ante ello, ese organismo convocó ayer a protestar en las embajadas mexicanas de 150 países, a efecto de expresar al gobierno su rechazo a los abusos cometidos por militares.

El empecinamiento por seguir una estrategia que hasta ahora ha arrojado consecuencias desastrosas, ha provocado un elevado número de muertos –más de 16 mil en los pasados tres años– y representa un factor de quebranto al estado de derecho por parte de quienes debieran de resguardarlo, abona la percepción de que el propósito central del gobierno en este ámbito no es legalista, sino publicitario, y fortalece señalamientos como los realizados por la senadora Rosario Ibarra, quien hace unos meses advirtió que el país asiste al resurgimiento de las desapariciones políticas, ahora disfrazadas de levantones del narco. En la opinión pública empiezan a cundir las sospechas de que en la guerra contra el crimen organizado va implícita una campaña de limpieza social –esto es, de la eliminación masiva de delincuentes comunes, reales o presuntos, a contrapelo de los ordenamientos legales– y que algunos de los grupos armados que actúan bajo las órdenes de los cárteles son réplicas de las organizaciones paramilitares que han operado en Centro y Sudamérica, y cuya misión central ha sido el exterminio de opositores políticos y sociales.

Por lo demás, el gobierno federal incurre en una imprecisión inexcusable al insinuar que las críticas hacia su política de seguridad equivalen a pedir que el Estado se retire de esa lucha. Nadie pone en duda la necesidad de combatir las expresiones delictivas, pero ello no debe hacerse mediante estrategias de guerra, sino con la adopción de medidas de investigación e inteligencia policiaca y de saneamiento profundo del aparato gubernamental, con base en una política económica y social que contribuya a erradicar las causas originarias de la criminalidad –pobreza, desempleo, falta de educación, desintegración del tejido social–, elementos sin los cuales toda política de seguridad está destinada al fracaso. Al respecto, son relevantes las declaraciones del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que una sociedad incapaz de satisfacer necesidades básicas, de alcanzar una justa distribución de los bienes y de proporcionar educación a sus integrantes, es propicia para el surgimiento de expresiones de violencia.

En suma, el combate gubernamental contra las organizaciones delictivas seguirá siendo infructuoso, e incluso contraproducente, en tanto las autoridades no revisen y corrijan su visión –a la vez superficial y oportunista– de la criminalidad como fenómeno social.