La desatención de las autoridades federales y locales ha ocasionado la proliferación de centros clandestinos de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, en los cuales se cometen abusos contra los recluidos, que van de la tortura a la muerte, aseguraron diputados locales.

En entrevista, legisladores de PRD y PAN manifestaron que es fundamental que las autoridades dejen de echarse la bolita respecto de quién le toca meter orden en esos lugares y lleguen a una coordinación para acabar con los maltratos que ahí ocurren.

Horacio Martínez, diputado local del PRD y ex delegado de Iztapalapa, donde se descubrió la iglesia de Los Elegidos de Dios, dijo que abundan granjas en toda la ciudad, en las cuales hay golpes, abusos, y no hay ley que las regule, por lo que pidió al gobierno federal tomar cartas en ese asunto.

Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, dijo que en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para controlar esos centros, pero se quedó durmiendo el sueño de los justos, por lo que pidió que intervenga la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Remarcó que es sabido que en dichas clínicas se cometen abusos que van de la tortura a la muerte, por lo que también pidió intervención de la Secretaría de Salud federal, o incluso de la Procuraduría General de Justicia del DF.

Sobre el tema, el diputado Mauricio Tabe, del PAN, dijo que hay evidente negligencia de la autoridad hacia los centros de rehabilitación, a grado tal que no sabe cuántos existen en la capital y con qué lineamientos operan, por lo que llamó a instalar en lo inmediato la Agencia de Protección Sanitaria del DF, para que intervengan en los casos donde se tienen a adictos contra su voluntad.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal divulgó el retrato hablado de un hombre de entre 36 y 38 años de edad, apodado Padrino Manuel, quien es uno de los implicados en la explotación de indígenas en Iztapalapa

Niegan limpieza social

Para el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, las personas que están en las calles tienen derechos y no pueden ser arrestadas, ni retenidas contra su voluntad e internadas en lugares de explotación o abusos. De hecho, rechazó que las autoridades tengan algo que ver con la idea de que hay limpieza social en las calles de esta ciudad.

No obstante, el presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri, dijo que el mejoramiento de la imagen urbana y el rescate de espacios públicos han sido el pretexto utilizado por las autoridades para realizar limpieza social, y violar los derechos humanos de la poblaciones callejeras.

Añadió que está documentada la participación de funcionarios delegacionales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en el levantamiento de personas que son enviadas contra su voluntad a centros de rehabilitación, la cual es una de las 146 propuestas que el ex gobernador de Nueva York Rudolph Guiliani hizo al gobierno capitalino.

Pese a lo anterior, el titular de la SSPDF, Manuel Mondragón, afirmó que se castigará a poli-cías de comprobarse su participación en una supuesta limpieza social.