México sufre preocupantes retrasos en la ejecución de sentencias de juicios mercantiles e hipotecarios, que en algunos estados del país alcanza hasta 51 meses (más de cuatro años). Esto provoca inseguridad jurídica, retraso o desvío de inversiones y encarecimiento del crédito, revela el estudio Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas, encargado por el Consejo Coordinador Financiero y la Asociación de Bancos de México.

En el trabajo participaron instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la agencia calificadora Moody’s, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el despacho Gaxiola, Calvo, Sobrino y asociados. La investigación abarcó temas como la calidad institucional, duración de los procedimientos mercantiles, suficiencia y aplicación eficiente de los recursos humanos y materiales, así como la eficiencia en la ejecución de sentencias en cada estado.

En casi todas las entidades del país, afirma, se percibe influencia del Ejecutivo local en la función judicial, así como insuficiencia en el número de juzgados y falta de capacitación de actuarios. Las peores calificaciones fueron para Campeche, Chi- huahua, Puebla y Veracruz.

El estudio tiene como objeto presentar un diagnóstico sobre el nivel de eficiencia de las instituciones públicas locales involucradas en la administración de justicia, así como la idoneidad de las leyes estatales que se relacionan estrictamente con la ejecutabilidad de los contratos mercantiles e hipotecarios en disputa en los tribunales estatales mexicanos, comentó el vicepresidente y analista en jefe de Finanzas Públicas Internacionales de Moody’s.

El director interino del centro de la OCDE en México y América Latina, José Antonio Ardavín, hizo notar la elevación de costos y la pérdida de competitividad que para cualquier país implican los costos para hacer cumplir los contratos mercantiles. La falta de certeza jurídica, dijo, se presenta como un fuerte obstáculo para atraer inversiones y ampliar el crédito al sector privado.

Al respecto hizo notar que en México la penetración del crédito ronda alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras en naciones como Chile o China rebasa 80 por ciento; en tanto, el costo del cumplimiento de un contrato llega a representar hasta 32 por ciento de su valor, cuando en China es de 8 puntos porcentuales, de 9 en Estados Unidos y de 15 en España.

El presidente de la Asociación de Bancos de México y del Consejo Coordinador Financiero, Ignacio Deschamps, destacó la importancia del estado de derecho como factor esencial para definir los costos del financiamiento al sector privado y la atracción de inversión extranjera, pues es una determinante de la percepción del riesgo.

En la medida que se fortalezca el estado de derecho en el país, habrá mayor actividad económica, más penetración bancaria y el otorgamiento de más créditos a menores costos, afirmó.