La Procuraduría General de la República (PGR) cuadruplicó en siete años el número de testigos protegidos, al pasar de 99, en 2002, a 411 este año; supuestamente todos aportan elementos al Ministerio Público Federal para sustentar pesquisas o procesos penales contra presuntos integrantes del crimen organizado.

La veracidad de sus testimonios ha sido puesta en duda en casos emblemáticos para la justicia mexicana, como el Maxiproceso (contra el cártel de Juárez, 1997); la Operación Limpieza (contra el cártel de los Beltrán Leyva, 2009), y en la investigación contra el ex comandante de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) Javier Herrera Valles, quien desde febrero pasado está sujeto a juicio por supuestos vínculos con el cártel del Golfo.

Funcionarios del gobierno federal que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional revelaron a La Jornada que los pagos a los testigos protegidos van de 25 mil a 50 mil pesos mensuales, y que su permanencia en el programa depende del tiempo que tarden los juicios en que hayan rendido declaraciones, por lo que algunos llevan más de nueve años recibiendo un pago, supuestamente protección física, alimentación y vivienda.

Sin embargo, la muerte de dos testigos, Jesús Zambada Reyes (20 de noviembre) y Édgar Enrique Bayardo del Villar (1º de diciembre), puso al descubierto que no existe normatividad que fije las medidas de seguridad que debe proporcionarles la autoridad ni las condiciones en que vivirán quienes han decidido colaborar en la persecución de la delincuencia organizada.

Los recursos para mantener a los testigos se obtienen de la partida Gastos en Seguridad Nacional, y 80 de los 411 viven fuera de México.

Por la falta de regulación, un número desconocido de testigos habita en casas decomisadas a narcotraficantes, como el inmueble localizado en Xitle 87, en la colonia Santa Úrsula, en la ciudad de México, que perteneció al extinto Amado Carrillo Fuentes y donde vivieron Bayardo del Villar y Zambada Reyes.

En 12 años han muerto seis testigos protegidos, cinco ejecutados. En 1997 y 1998 fueron asesinados Tomás Colsá McGregor y el comandante Jaime Olvera. En 2000 fue ultimado el militar Humberto Capelletti, pieza importante en el juicio contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Asimismo, un hombre identificado sólo como Noé fue asesinado el 21 de agosto de 2008 en la carretera México-Toluca, tras haber denunciado que José Manzur, ex delegado de la PGR en el estado de México, tenía ligas con los cárteles de La Familia y Los Zetas.

De los 411 testigos a cargo de la PGR, la cuarta parte no recibe protección institucional, lo que ha ocasionado que en algunos casos su vida sea puesta en riesgo, o bien que no acudan a ratificar sus declaraciones ante los jueces y ello afecte las sentencias judiciales.

En febrero de 2008, la identidad de dos personas que había sido ocultada con los seudónimos de Pedro y Juan Antonio fue revelada por el juzgado quinto de distrito mediante edictos que se publicaron en periódicos de la ciudad de México. El mandamiento judicial solicitó su comparecencia en el proceso penal contra Ramón Alcides Magaña, El Metro, uno de los líderes del cártel de Juárez.

Casos emblemáticos

El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid fue señalado por 25 de los testigos protegidos utilizados en el Maxiproceso, y el Ministerio Público Federal le imputó siete cargos, entre ellos delincuencia organizada, delitos contra la salud y cohecho. Fue exonerado de seis delitos, su única sentencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A finales de 2008, el comandante de la PFP Javier Herrera Valles ya había denunciado casos de corrupción del secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, cuando fue detenido y acusado por la PGR de haber recibido dinero del narcotráfico, con base a declaraciones de testigos protegidos.

Víctor Hugo Martínez Rocha, uno de los que supuestamente acusaba al policía, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que primero fue torturado y luego la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) le ofreció convertirse en testigo protegido y un millón de pesos para que acusara a Herrera Valles; se negó y fue consignado.

La Operación Limpieza ha sido considerada la develación del mayor caso de corrupción institucional, pero la PGR no pudo acreditar los nexos de Miguel Colorado González, ex coordinador técnico de la SIEDO, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, debido a que los testigos protegidos, identificados con los nombres Jeniffer, David, Moisés y Saúl, se contradijeron en sus declaraciones.

Otros casos en que los testigos protegidos imputaron delitos pero sus declaraciones no sirvieron para formalizar procesos penales ocurrieron con Nahúm Acosta, ex director de giras de la Presidencia de la República, a quien se acusó de filtrar información de la agenda de Vicente Fox a narcotraficantes.

En otro caso, el arquitecto Joaquín Romero Aparicio fue detenido y arraigado al haber sido confundido por los testigos con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.