La ley vigente se limita a lo referente a su forma de constituirse, dice José Ángel Ávila
estrictamenteel funcionamiento de centros de rehabilitación
Es evidente que la esclavitud está presente en la capital, señala la CDHDF
Lunes 7 de diciembre de 2009, p. 33
Al condenar los actos de explotación perpetrados contra más de cien personas en el hospital Santo Tomás Los Elegidos de Dios
, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, consideró necesario regular de forma estricta
las condiciones en las que deben funcionar los centros de rehabilitación.
Afirmó que el Distrito Federal cuenta con una legislación que rige a todas las organizaciones que prestan servicios de protección social y de grupos marginados, pero solamente en lo que respecta a su manera de constituirse
.
Por ello, dijo, las autoridades capitalinas deben buscar la manera de vigilar las formas y los métodos que se utilizan en dichos espacios y evitar así que se realicen de nueva cuenta actos como el descubierto en Iztapalapa.
Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) actuará con todo el rigor contra el hospital Santo Tomás, y desde luego promoverá que junto con la Asamblea Legislativa busquemos mecanismos para impedir que esto se repita
.
De tenerse estas nuevas normas de regulación, dijo, es probable que se le dé facultad a las delegaciones para hacer directamente las revisiones, pero antes de que esto suceda, las demarcaciones deben responder si este tipo de lugares funcionan de manera legal.
Por su parte, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, apuntó que la recomendación emitida en mayo pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno a la limpieza social que aparentemente se realiza en el DF evidenció que la esclavitud y la trata de personas es un fenómeno que existe en la capital del país.
El organismo a su cargo, dijo, seguirá denunciando este tipo de hechos para que la PGJDF continúe con las investigaciones que eviten que en otros lugares se dé la explotación a la que fueron sometidas 105 personas.
Consideró que aparte de buscar una legislación para los albergues de rehabilitación, también es necesario que en el Distrito Federal se promueva una política pública que tenga como finalidad recuperar los derechos de las personas en situación de calle.