Durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, y a partir de la aplicación del Programa de certificación de derechos ejidales (Procede), unos 5 millones de hectáreas de tierra de calidad –de los principales distritos de riego en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco y entidades del sureste– pasaron a empresas privadas con el cobijo de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Tribunal Superior Agrario, aseguró la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp).

José Jacobo Femat, dirigente de la agrupación, acusó que el modelo neoliberal en México ha llevado al establecimiento de campos de trabajos forzados o de semiesclavitud para miles de jornaleros en el centro y norte del país.

En esos centros, dijo, los propietarios, apoyados por capataces, “abusan de mujeres, hombres y niños –contratados por un salario miserable y retenidos por la fuerza– con la complicidad de autoridades”.