La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que demanda al Estado mexicano la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd, así como revisar el irregular proceso judicial que desde hace 17 años lo llevó a prisión por el presunto asesinato de su hermana y cuñado.

El organismo internacional acreditó que en 1992 policías judiciales del Distrito Federal lo torturaron para obtener una confesión de culpabilidad, la cual fue la única prueba de su presunta responsabilidad en el crimen, por lo que el juicio en su contra debe ser anulado.

La CIDH concluyó que también se vulneró su derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la garantía de su integridad personal, por lo que demandó la inmediata libertad de Martín del Campo, condenado a 50 años de prisión.

Se trata de una decisión sin precedente de la CIDH, pues se presenta luego de que por cuestiones de competencia temporal, en 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió no conocer de fondo el caso.

En 2002, la CIDH emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales del sentenciado. Entre sus conclusiones, el organismo continental acreditó que Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 y sometido a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías judiciales de la ciudad de México para hacerlo confesar el homicidio de su hermana Juana Patricia Martín del Campo y su cuñado Gerardo Zamudio.