En lo que la bancada perredista en Xicoténcatl consideró un intento más por minar el Estado laico, senadores del PAN pretenden que se apruebe una reforma al artículo 24 constitucional con el fin de introducir en la Carta Magna el derecho a la objeción de conciencia, para que los ciudadanos puedan ser eximidos del cumplimiento de leyes y otros ordenamientos legales ante un imperativo moral sincero, grave e ineludible.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el panista Alejandro Zapata Perogordo, presentó ya el dictamen, que incluye además inscribir en la Constitución la libertad de enseñanza o de difusión de creencias religiosas.

El senador perredista Pablo Gómez advirtió que con lo anterior la derecha gobernante pretende avanzar a un Estado clerical y posibilitar una futura reforma al artículo tercero constitucional. Descartó, sin embargo, que se logre la mayoría calificada necesaria para aprobar la modificación.

El artículo 24 de la Constitución garantiza que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penado por ley.

La propuesta de Zapata Perogordo modifica por completo esa redacción y propone otra, con sintaxis complicada: toda persona es libre para profesar la religión o creencia de su elección y para manifestarla en público o privado, solo o en comunidad con otros, incluyendo la práctica de las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, la enseñanza o difusión de sus creencias, y la observancia de los correspondientes preceptos morales, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El panista propone también una adición a ese artículo para introducir la objeción de conciencia. La libertad de religión o de creencia implica la libertad de comportarse, obedeciendo los mandatos de la propia conciencia. Cuando alguien se vea imposibilitado para cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral, sincero, grave e ineludible, tendrá derecho a ser eximido de esa obligación legal.

Un análisis de la iniciativa elaborado por asesores del PRD advierte que además del peligro que implica llevar a la Carta Magna la libertad para la práctica de dicha enseñanza, es una amenaza contra el Estado laico.

En los términos en que está redactada la iniciativa, prácticamente cualquier ciudadano, bajo cualquier circunstancia podría violentar el estado de derecho en cuestiones a su conveniencia, tan sólo con esgrimir el imperativo moral sincero, afirmó.

En el documento se alerta también sobre el riesgo de posibilitar manifestaciones religiosas de las distintas sectas, para que con moral sincera opinen y participen en el ámbito político. Es igualmente discutible proponer la observancia de los correspondientes preceptos morales, ya que puede dar pie a que se condene y acalle desde la jerarquía religiosa a los creyentes, añadió.

La discusión del dictamen se dará este lunes en una reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.