a batalla por la legalización ha comenzado y el primer punto a favor lo tiene el bando migrante. La destitución, o como diría La Jornada, la deportación de CNN de Lou Doubs, su principal comentarista político, responde, en buena parte, a una campaña orquestada por la comunidad latina que denunció su marcado corte racista, antinmigrante y antimexicano.

La segunda batalla se debe dar en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. La estrategia en este caso es pura y simplemente cuantitativa. Se requieren 218 votos y se tienen asegurados 190. Falta convencer a 30 legisladores de los 65 posibles. La campaña consiste en atosigar de llamadas, faxes y correos electrónicos a los legisladores que podrían cambiar su voto o están indecisos. Los demás no cuentan, ya que no es necesario insistir con el voto duro y tampoco con los opositores declarados. Esta estrategia se utilizó para lograr la reforma de salud y se espera que tenga éxito con la de migración.

El nuevo paladín de los inmigrantes es Luis Gutiérrez, representante por Illinois, de origen puertorriqueño, quien logró ganar las elecciones con el apoyo del voto puertorriqueño, mexicano y latino en general. Tiene carisma, se defiende en español, aunque habla mejor en inglés y ha sido comisionado para llevar a cabo una propuesta de puntos generales de lo que debería ser una reforma migratoria integral. Esta medida precautoria ha sido tomada porque Gutiérrez no preside la comisión encargada de hacer la propuesta. Sin embargo, cuenta con la ventaja de su cercanía con el presidente Obama, quien también fue representante por Illinois.

Si bien Gutiérrez tiene apoyo de la mayoría de las organizaciones migrantes, su postura es considerada por algunos como negociadora y mediatizadora. En su discurso no quiere entrar a tocar detalles sobre la reforma, sino principios generales: que sea una reforma integral, amplia, generosa y que resuelva el problema de la migración indocumentada. Y para ello se requiere hacer una serie de concesiones. De partida, afirma que la reforma, en cualquiera de sus modalidades, va a incluir a muchos y va a excluir a otro tanto.

Su propuesta tiene contemplado un nuevo documento de identidad que remplace el tradicional Número de Seguridad Social (SSN), que ha sido falsificado de una y mil formas. Se dice que hay números que han sido utilizados a lo largo de tres generaciones. En otros casos, los migrantes legales, pero que viven fuera del país, ponen a trabajar su número, es decir, se lo pasan a otro migrante que asume su identidad, trabaja legalmente, paga sus impuestos, pero no recibe las devoluciones anuales (tax return) y menos aún su jubilación y otros beneficios.

No hay lógica que explique por qué, en la era de la tecnología digital, el Sistema de Seguridad Social estadunidense sigue siendo totalmente obsoleto e ineficiente. Salvo, obviamente, la lógica de la ganancia: 12 millones de indocumentados que pagan puntualmente sus impuestos y no reciben nada a cambio. Es un negocio redondo de miles de millones de dólares anuales.

El fracaso de la reforma migratoria (IRCA) de 1986 radicó precisamente en ese punto. Los empleadores aceptaban cualquier identificación y no tenían la obligación, ni la posibilidad, de verificar su validez. Incluso, el programa de verificación establecido recientemente (I verify) ha demostrado tener muchos problemas. La ley preveía sanciones a los empleadores que contrataran indocumentados, pero en la práctica no existía la voluntad política para aplicarla.

El nuevo sistema de identidad que propone Gutiérrez le aporta seguridad y legalidad al que tiene el documento, pero coloca en notable desventaja al que no lo tiene. Para obtener el documento habría que inscribirse e iniciar el proceso burocrático, lo cual va a ser difícil dada la enorme desconfianza, miedo y la política de hostigamiento imperante, que no ha terminado.

El nuevo documento de identidad laboral, si es aplicado de manera general y con los respectivos niveles de seguridad, cerraría de manera casi absoluta a los indocumentados la posibilidad de trabajar. Esto, obviamente, generaría un mercado negro y la sobrexplotación de un sector de la población migrante.

Si no hay acuerdo para un documento de identidad laboral la situación seguiría igual, como hasta ahora, con la posibilidad de trabajar con documentos falsos, comprados en cualquier esquina. En la práctica, se trata de evitar el espinoso problema de castigar a los empleadores de indocumentados. La ley no se aplica porque afecta directamente la economía, a personas influyentes y a posibles votantes.

En marzo de 2010 se abre la ventana de oportunidad para plantear la reforma migratoria, y el proceso se cierra en octubre. No hay otra alternativa. Como medida adicional de presión, la campaña por la legalización afirma y propala que no hay relección sin voto latino. El presidente Obama se debe comprometer a fondo con una reforma migratoria si quiere seguir en la Casa Blanca.