sí como el número de topes en una carretera es un indicador confiable del nivel de subdesarrollo de la región por la que ella atraviesa, los niveles de normatividad y de burocratización lo son del grado de descomposición de los gobiernos y de la ineptitud de sus líderes.

Nuestro país es un claro ejemplo de ello. Durante las últimas décadas del siglo XX, los sucesivos gobiernos de corte neoliberal se dedicaron a establecer una cantidad insólita de normas, procedimientos y oficinas orientadas supuestamente a abatir la corrupción, logrando con ello altos niveles de ineficiencia y trabas que han imposibilitado realizar casi cualquier cosa, excepto el florecimiento de la corrupción, como desafortunadamente se sabe.

Hace 30 años abrir una cuenta bancaria llevaba unos cuantos minutos, hoy requiere de horas de papeleo y de cuestionamientos sin límite, en la que el solicitante es tratado como un ser de la más dudosa procedencia; si lo que pretende abrir es una cuenta empresarial, entonces se las ve peores. Supuestamente esto se debe a normas diseñadas para combatir el lavado de dinero y asegurar que el solicitante no esté ligado al crimen organizado, lo cual debería reflejarse en una disminución de éste. Así, el gobierno deja caer un peso más en la sociedad como resultado directo de lo que él no ha podido o querido hacer.

Como muchas otras cosas en nuestro país, las diferencias entre lo que se informa al público y la realidad son absolutas. Tal es el caso de lo que se anuncia en torno a las facilidades de que las pequeñas empresas gozan para obtener un crédito y lo que sucede. Cumplir las normas que se piden resulta imposible las más de las veces. Cuando además el trámite se debe realizar en una oficina de gobierno, los tiempos de espera pueden ser de semanas, meses o incluso años. Como ejemplo es posible citar el Registro Público de la Propiedad, aunque de seguro el lector tiene sus propios ejemplos, igualmente siniestros.

Sin embargo, esos no son los problemas más graves, existen otros que afectan a millares de mexicanos que ven cómo un proyecto que podría beneficiarles se alarga indefinidamente o no se realiza, no por problemas técnicos ni por falta de recursos, sino por razones normativas o burocráticas. Dos ejemplos vienen a mi mente, el primero cuando para realizar una obra se abre una licitación para permitir la competencia libre de varias empresas en igualdad de condiciones.

Estos concursos significan la mayor parte de las veces periodos de varios meses de espera, en los cuales los proyectos permanecen paralizados. Sin embargo, en no pocos casos las normas son definidas de entrada para favorecer a una compañía y descalificar a otras, sobre todo si son mexicanas y pobres; la diferencia es que ahora el tiempo de espera se multiplica.

Otros casos tienen que ver con los calendarios de trabajo. Así, todos sabemos que los proyectos educativos están definidos a partir de los calendarios escolares, los cuales son diferentes a los presupuestales; las normas presupuestales impiden que los proyectos puedan exceder los límites anuales, lo cual se traduce generalmente en el rompimiento de los proyectos en dos o más etapas y que las segundas fases se realicen fuera de tiempo, o que no se lleven a cabo. Lo mismo sucede con obras de ingeniería en lugares de mucha lluvia, en los cuales las esperas inútiles durante los primeros meses del año resultan decisivas. La lista de aberraciones es interminable y se traduce en problemas de salud, seguridad, empleo y en general de desarrollo. Proyectos que podrían evitar epidemias, inundaciones o simples mejoras de vialidades permanecen suspendidos indefinidamente.

Las historias de naciones que vieron su ocaso precedido por fenómenos de parálisis burocrática y de corrupción aparecen por todas partes, desde la China medieval y la monarquía francesa al final del siglo XVIII hasta la caída del zar en el inicio del siglo XX, o el derrumbe de la Unión Soviética, en el que una gran potencia mundial, con un sistema único de planificación centralizada, que llegó a estar a la cabeza de la carrera espacial, fue perdiendo impulso hasta quedar inmovilizada por una variedad de reglas estúpidas, con las que se pretendía sustituir la falta de visión y la incapacidad de sus gobernantes para renovar el país y ofrecer alternativas de crecimiento y bienestar.

En la mayor parte de los casos, la burocratización gubernamental ha constituido un síntoma claro del nivel de descomposición de la sociedad y en no pocos ejemplos ha sido el preámbulo del derrumbe de gobiernos y naciones enteras. Estas lecciones no han sido debidamente captadas y valoradas por nuestras autoridades, quienes de seguro piensan que esto no puede ocurrir en México, donde los sucesivos gobiernos de orientación neoliberal se han metido en una curiosa estrategia orientada a reducir sus responsabilidades y ámbitos de acción, al tiempo que incrementan sus aparatos burocráticos, supuestamente para reducir los riesgos de la corrupción y del uso indebido de recursos públicos, sin percatarse, en apariencia, de que ese objetivo les es cada día más lejano.

Llama la atención que la bandera actual de un partido político (Convergencia) sea precisamente la creación de un nuevo organismo de carácter federal dedicado a crear nuevas normas y controles burocráticos, en aras de supuestas transparencias y desconfianzas, cuando lo que este país necesita es vitalidad y visión de futuro, un claro proyecto de cambio que nos convoque a salir del marasmo en el que llevamos demasiados años, viendo sólo cómo se deteriora todo, mientras una minoría continúa concentrando las riquezas que debieran ser y son de la nación entera.