l día de ayer se conmemoraron en la Universidad del Claustro de Sor Juana los 20 años de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC (CMDPDH). Desde 1989 esta organización ha defendido jurídicamente casos paradigmáticos de temas fundamentales de garantías individuales, como el acceso de las mujeres a la justicia, los relacionados con la denominada guerra sucia, con la justicia militar y el derecho de las personas a no ser sometidas a tortura.

Uno de los más significativos es el del general José Francisco Gallardo, quien fue víctima de amenazas, hostigamiento e intimidaciones por parte de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que fue ascendido a general brigadier en 1988. Se le sometió incluso a procesos judiciales y encarcelamientos injustos, mediante la fabricación de delitos y responsabilidades nunca comprobadas. Su caso fue presentado por la CMDPDH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en octubre de 1996 determinó la responsabilidad internacional contra el Estado mexicano.

El general Gallardo fue finalmente puesto en libertad el 7 de febrero de 2002, después de haber permanecido en prisión ocho años y dos meses. Otro de los casos relacionados con temas de fuero militar, justicia transicional y exigencia de justicia para las víctimas de la guerra sucia, defendido por la CMDPDH, ha sido el de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social guerrerense que el 25 de agosto de 1974 fue detenido ilegalmente en un retén militar y fue visto por última vez en el ex cuartel de Atoyac de Álvarez.

Treinta y cuatro años después su paradero sigue siendo desconocido. Ante la imposibilidad de obtener justicia en México, la CMDPDH, junto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, presentaron el caso ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. El expediente se encuentra actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de una sentencia que se espera sea emitida a finales de este año.

En relación con el tema de la violencia contra la mujer, en especial casos de feminicidio, la asociación viene acompañando a Norma Ledezma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, una joven que la tarde del 2 de marzo de 2002 salió rumbo a la escuela y jamás regresó.

Las deficiencias en la pesquisa de la desaparición y el asesinato de Paloma lo convierten también en un caso paradigmático, caracterizado no sólo por la violencia extrema, sino por la impunidad y el mensaje de permisibilidad que manda a la sociedad.

La CMDPDH lo ha abordado junto con las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia Internacional (Cejil), que hasta el momento han interpuesto una petición ante la CIDH para que este caso sea también llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el ámbito de las recientes reformas al sistema de justicia penal, la organización viene monitoreando el tema de la figura del arraigo, la cual ha sido considerada por las instancias internacionales como violatoria de los derechos a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica.

En particular, con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, se encuentra documentando diversos casos de detención, tortura y arraigo de policías y civiles en instalaciones militares en la ciudad de Tijuana. Debido a ello, la CIDH ha requerido recientemente al gobierno mexicano que informe sobre el fundamento jurídico y la aplicación de esta figura, las autoridades que la conceden y la ejecutan, si cuentan con control judicial, la autoridad que custodia a las personas arraigadas y el control que se ejerce sobre los procedimientos de detención.

En particular se considera adecuado que el Estado mexicano realice acciones concretas para reglamentar la figura del arraigo, garantizando que el combate a la delincuencia se desarrolle siempre en el contexto del respeto a la Constitución y los compromisos internacionales aprobados por México. Por otra parte, dentro de su trabajo de incidencia, la CMDPDH viene participando activamente en los espacios de interlocución creados por el gobierno, como la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, impulsando reformas a la Carta Magna y las leyes especializadas que protejan de mejor manera a los ciudadanos.

Esta importante labor ha sido acompañada por la construcción de una estrategia de reflexión colectiva, intercambio de ideas y formación teórica mediante foros y seminarios, así como con manuales, libros y videos como instrumentos de difusión de los casos. Un importante mecanismo que la CMDPDH ha incorporado a su trabajo es el acompañamiento sicosocial a las víctimas. Así pues, ha asumido su tarea con un serio compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos, por conducto de acciones conjuntas con víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales.

En todo este tiempo ha adquirido una amplia experiencia en su trabajo, especializándose en el litigio ante instancias nacionales e internacionales. Todo con el fin de promover, defender y alentar el respeto de los derechos de todas las personas; de luchar por un país donde imperen la justicia y la verdad, reconociendo siempre la labor que desarrollan las demás organizaciones de la sociedad civil, así como sus esfuerzos por construir un país verdaderamente democrático.