Tegucigalpa, 4 de diciembre. Amnistía Internacional (AI) presentó hoy sus conclusiones después de una visita de 10 días a Honduras. La organización de defensa de los derechos humanos demanda a la comunidad internacional que no actúe como si no hubiera pasado nada en el país centroamericano, pues el gobierno de facto formuló leyes y decretos para permitir abusos. También pidió no emitir un cheque en blanco a las nuevas autoridades hondureñas.

Tras la estancia en el país de representantes de AI, ésta pidió que se realice una investigación independiente para asegurar que todos los responsables de abusos a los derechos humanos sean llevados a la justicia y que se le brinden reparaciones a las víctimas.

En entrevista concedida a Radio Nederland, Javier Zúñiga, director de la delegación de AI, dice que se han cometido severas violaciones contra los derechos fundamentales, sobre todo durante el tiempo electoral, y habla de violaciones a la libertad de expresión, de prensa y de movimiento.

Además, los representantes documentaron numerosos actos arbitrarios de arrestos en ciudades como San Pedro Sula, la segunda en importancia en Honduras después de la capital Tegucigalpa.

En el contexto de polarización en que vive la sociedad hondureña, existen opiniones divergentes sobre la delicada cuestión de los derechos humanos. Hay quienes denuncian que se han cometido numerosos delitos; otros, por el contrario, dicen que ha reinado y reina tranquilidad en el país, y acusan a algunos sectores de faltar a la verdad en esta materia.

Sin embargo, Zúñiga sostiene que la delegación por él encabezada ha podido documentar muchos casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el 28 de junio, cuando Manuel Zelaya fue secuestrado y sacado del país por militares, lo que constituyó un golpe de Estado.

Tenemos documentos, fotografías, y testimonios de personas que fueron reprimidas durante esta época, afirmó Zúñiga, quien explicó que el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti creó toda una estructura legal con decretos, directivas y ejecutivas que sirvieron de fundamento para esta represión. Es una verdad que no se puede negar y hemos recabado pruebas, dice.

En un comunicado oficial, AI ofrece el testimonio de una de las víctimas de la represión: El 23 de septiembre, Marta (no es su nombre real) fue atacada por la policía cuando ella participaba en una manifestación. Fue golpeada por una lata de gas lacrimógeno, que además le quemó una pierna y le causó problemas de respiración. Cuando se escondía de los gases en una iglesia, la policía la alcanzó y le pegó tan fuerte que le rompió un brazo. Marta no fue al hospital hasta varios días después del incidente porque tenía miedo de que la policía la intimidaría allí. Su brazo todavía no se ha recuperado y las quemaduras en su pierna todavía son visibles.

Con toda la información recopilada, Amnistía Internacional redactará un informe y hará una serie de recomendaciones a las nuevas autoridades de Honduras. La principal es que se tomen medidas de corrección y reparación y se anulen todos los decretos, órdenes forales y otras directivas que se han emitido para limitar los derechos humanos.

Zúñiga constata que se ha habido una pérdida casi total de confianza en las instituciones del Estado –la fiscalía, el ministerio público, los tribunales y la policía– y considera imprescindible que se reconstruya esa confianza.

En cuanto a la comunidad internacional, AI pide que no se emita un cheque en blanco a las nuevas autoridades sin antes tener un calendario concreto de cómo van a mejorar y proteger los derechos humanos de los hondureños.

Las elecciones y el voto del Congreso Nacional contra la restitución de Zelaya en el poder no sirvieron para sanar la crisis en Honduras y su resolución dependerá del nuevo gobierno, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.

Porfirio Lobo, ganador de las elecciones del pasado domingo, que asumirá el 27 de enero, está en la mejor posición para iniciar esa restauración de la democracia”, dijo Insulza al iniciarse una reunión extraordinaria sobre Honduras del Consejo Permanente.

Añadió que la OEA no puede entregar un veredicto de esta elección que no observamos y se produjo en estado muy especial.

Asimismo, la votación el miércoles del Congreso contra el retorno de Zelaya fue una simple repetición del libreto del 28 de junio con los mismos protagonistas, dijo Insulza en alusión a la fecha del golpe de Estado. Por ello, estos acontecimientos no han servido para sanar la crisis de la democracia en Honduras.

Insulza instó a que una vez asuma Lobo cese la persecución de Zelaya, se aparte de los autores del golpe, se respeten los derechos humanos y convoque a las fuerzas públicas a un gran acuerdo nacional para devolver al país al camino democrático.

Mientras tanto, el gobierno de Brasil emitió hoy un comunicado oficial que pareció el primer indició de aflojar su postura con respecto a no aceptar los resultados de las elecciones del pasado domingo. Hay una nueva situación, afirmó la ministra del Gabinete Civil, Dilma Rousseff.

Ese proceso será tomado en cuenta. No podemos desconsiderar el golpe, pero tampoco las elecciones, afirmó la funcionaria, quien advirtió que la situación en Honduras es muy turbulenta.

Vamos a hacer un análisis de todo eso y a tomar una posición. No podemos ignorar que hubo un golpe de Estado, concluyó.

Por su parte, el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado acordó el pasado jueves desistir de su exigencia de restituir a Zelaya en la presidencia de la república, aunque seguirá luchando por una Asamblea Constituyente, informó a Afp Juan Barahona, coordinador general del grupo, integrado por miembros de organizaciones sociales hondureños.