La crisis económica ha provocado una criminalización de la pobreza. Actualmente, una de cada ocho personas presas lo está por robos menores a 500 pesos, además de que la mayoría de ellas delinquieron por necesidad, pero la respuesta que se les ha dado es agravar el delito, no permitirles fianza y llevarles a prisión preventiva y después a condena, informó el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia.

En el contexto de la 22 asamblea de la Coparmex-DF explicó que esta situación ha derivado en una sobresaturación penitenciaria, donde la mitad de los 40 mil internos están consignados por robo, y 50 por ciento de los casos se tratan de montos no superiores a los cinco mil pesos y un porcentaje similar, por la sustracción de dinero o mercancía con un valor menor de 500 pesos.

Una buena cantidad de los involucrados son primodelincuentes que cometieron los delitos como reacción a la crisis que se vive en el país, por lo que es necesario buscar mecanismos que permitan paliar la situación económica y generar alternativas para ellos a fin de que no sean conducidos a prisión, afirmó, ya que ahí, “las condiciones de vida son muy difíciles, abriéndoles la oportunidad de involucrarse en actividades delictivas para sobrevivir. Y, al final lo que resulta es que la cárcel reproduce el delito”, argumentó.

Por ello la importancia de impulsar una reforma penal constitucional para salvaguardar los derechos de las víctimas y presuntos inculpados, y evitar que la gente llegue a la cárcel por robos pequeños mientras los que reincidan enfrenten penas más fuertes, señaló.

Mientras, el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE), Benito Mirón Lince, señaló que la crisis económica ha derivado también en un crecimiento de la economía informal.

Hoy, un millón 50 mil personas, la cuarta parte de la población económicamente activa (PEA), ofrece productos en sus centros de trabajo, casa por casa o en el ambulantaje, ante el cierre de empresas, la pérdida de empleo o la reducción salarial, y son las mujeres el sector más afectado, quienes sufren una doble explotación: la de clase, por el modelo económico liberal imperante, y la del hombre, debido a la actitud machista que impera en el hogar, centro de trabajo o su entorno.

En el Foro de Derechos de la Mujer y Respeto de su Fuente Laboral, donde varias de las participantes denunciaron que este problema se presenta tanto en el sector público como en el privado, señaló que un indicativo de ello es que de los 62 mil seguros de desempleo otorgados durante este año, 55 por ciento de las beneficiadas son mujeres, quienes representan 43.98 por ciento de la PEA, pero también han engrosado las filas de la economía informal.

Mencionó que en menos de un año, la cifra de mujeres que ahí se desempeñan aumentó 25 por ciento, a 450 mil, debido a que muchas de ellas fueron despedidas, o acosadas laboral o sexualmente para mantener su empleo. La situación, sin embargo, no es fácil ante el crecimiento del desempleo, por lo que llamó a la Asamblea Legislativa a autorizarles 550 millones de pesos el próximo año, la misma cantidad ejercida en 2009, luego de recibir una transferencia de 50 millones, para hacer frente al número de solicitudes aceptadas del seguro de desempleo.