La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró la nulidad del proceso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con base en el cual fue relecto Martín Esparza como secretario general. La autoridad laboral dijo que lo procedente es una nueva contienda.

En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró procedente la impugnación promovida por Alejandro Muñoz contra la asamblea del SME en que fue destituido como tesorero, junto con el secretario de actas y el procurador de la comisión autónoma de justicia de esa organización.

Con la anulación del proceso electoral interno, realizado tres meses antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Muñoz (opositor a Esparza) y otros 12 dirigentes, pertenecientes a ambos grupos políticos al interior del sindicato, preservan el reconocimiento gubernamental y, por tanto, sólo ellos tienen personalidad jurídica para representar al SME.

Esta diferencia radica en que las carteras en el SME no se eligen en bloque, sino de manera escalonada.

Sin materia el amparo por la toma de nota : Lozano

Javier Lozano, titular de la STPS, dio a conocer lo anterior en conferencia de prensa y enumeró ocho importantes violaciones a los estatutos del SME en el proceso electoral celebrado del 6 de abril al 14 de julio pasado para elegir 13 cargos del comité central de ese sindicato.

Incluso aseveró que el amparo promovido por Esparza para combatir la negativa de toma de nota a su elección como secretario general, ha quedado sin materia.

De acuerdo con la resolución de la JFCA, el SME no tiene secretario general; sin embargo, el secretario del Trabajo admitió que Esparza Flores tiene un liderazgo natural entre un sector de electricistas.

Manifestó que la declaración de nulidad del proceso electoral no afecta o modifica el llamado al diálogo que hizo la víspera el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, porque éste, consideró, corresponde a una estrategia de carácter político para atender la inconformidad tras la extinción de LFC.

Durante la conferencia de prensa, Lozano defendió una vez más la postura del gobierno federal de que el decreto presidencial que eliminó la empresa que atendía la zona centro del país es legal y no habrá marcha atrás.

Criticó a los sindicalistas de la central más grande de Estados Unidos (AFL-CIO), que tenían programada para la noche de ayer una reunión con funcionarios de la STPS para conocer la versión del gobierno mexicano acerca del cierre unilateral de LFC.

“Para variar (los sindicalistas estadunidenses), opinan de lo que no saben y juzgan sobre casos que no han estudiado; hacen aseveraciones que no corresponden ni con la realidad ni con el marco jurídico del país.

Llegan al extremo de decir que estamos violando el TLC y otras cosas; que no respetamos al Congreso y no sé cuántas cosas. Hay que recordar que los asuntos políticos del país están reservados para ciudadanos de la República; pero, bueno, ya los atenderemos esta tarde como merecen, dijo el secretario del Trabajo.

Según el análisis de la JFCA, en el proceso electoral del SME fueron transgredidos cinco artículos de los estatutos que resultaron en ocho irregularidades: no se utilizó un listado general de electores confiable; en algunas divisiones sindicales se cerró la votación antes del horario estipulado en la convocatoria; fueron inutilizadas cédulas de votación sin motivo justificado, y la toma de protesta de los integrantes de las subcomisiones de escrutinio la realizaron funcionarios sindicales distintos a los que ordena el estatuto.

La JFCA concluyó que en las actas de clausura de las subcomisiones y de la comisión de escrutinio no se asentó el número total de miembros activos con derecho a voto, los que votaron y los que no lo hicieron; durante las asambleas del 3, 6 y 14 de julio no se precisó la forma como se integró el quórum; la impugnación de la planilla encabezada por Muñoz no fue resuelta oportunamente, y el acta final de recuento de votos careció de la firma de dos de los cuatro integrantes de la comisión de escrutinio.

Respuesta mínima a la segunda etapa de liquidaciones

Lozano detalló la resolución de la JFCA y de la dirección general de registro de asociaciones. A pregunta de los reporteros, reconoció que la segunda etapa de liquidación, programada del 26 de noviembre al 23 de diciembre, ha tenido una respuesta mínima: 142 indemnizados en cinco días. En total, desde el arranque del proceso han sido liquidadas 27 mil 548 personas; esto es, 61.88 por ciento de la plantilla total de LFC.

Precisó que 944 ex trabajadores de LFC ya presentaron exámenes sicométricos y técnicos como aspirantes a ocupar una plaza en la Comisión Federal de Electricidad (que atiende la zona centro del país tras la extinción de LFC), y admitió que las primeras contrataciones podrían empezar a finales de enero o durante febrero.