El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló cinco artículos de la Ley Electoral de Chihuahua que permitían la revocación del mandato popular y la destitución de gobernador, diputados y presidentes municipales que hubieran cumplido un tercio de su mandato. Los ministros consideraron que no procedía la revocación del mandato de los funcionarios electos mediante el voto porque la Constitución General de la República únicamente prevé la destitución de los ayuntamientos y los presidentes municipales.