En los municipios del país la transparencia y rendición de cuentas es frágil, pues los mecanismos de control externo no están vinculados con los internos, sino sólo dirigidos a satisfacer necesidades de información y control de los gobiernos estatales y federal, señala en un análisis Guillermo Cejudo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el documento Una nueva agenda de transparencia en los municipios mexicanos Cejudo, miembro de la División de Administración Pública del CIDE, destaca que, aun cuando los municipios deberían facilitar la transparencia por la cercanía de las autoridades con la ciudadanía, la mayoría de las veces la rendición de cuentas se concentra sólo en la justificación del ejercicio del gasto, sin relación con el desempeño y los resultados, y con pocas posibilidades de incidir con éxito en las decisiones cotidianas.

Precisa que aun cuando los 2 mil 435 municipios de México deberían ser más susceptibles a ser transparentes –por el tipo de diseño institucional y actividades: prestación de servicios públicos, manejo de fondos públicos, entre otros–, la mayor parte no dispone de la reglamentación de sus leyes de transparencia y los funcionarios públicos en los cabildos no tienen conocimiento del derecho de los ciudadanos a la información.

De hecho, una encuesta revela que sólo 26 por ciento de los servidores públicos municipales conoce mucho la ley estatal sobre transparencia y acceso a la información; 42 por ciento algo; 39 por ciento poco, y 2 por ciento nada.

A tales debilidades se suma la existencia de una concepción limitada de la transparencia, pues la conciben como un escaparate donde se coloca información que el gobierno decide poner a disposición, sin importar la utilidad para el ciudadano.

Por otro lado, las insuficientes capacidades administrativas en los municipios y los mecanismos de control interno existentes dan a los alcaldes elementos para el ejercicio del gasto, pero no para evaluar el desempeño y los resultados.

De acuerdo con estadísticas levantadas en los municipios por el investigador, sólo 78 por ciento de éstos tiene un área de contraloría, 22 no y el resto desconoce. De ese total, 41 por ciento de los ayuntamientos tiene un solo empleado; 37 por ciento tiene un responsable y hasta tres auxiliares; 20 por ciento cuenta con una estructura ampliada con más de cuatro servidores públicos, y 3 por ciento desconoce cómo se integran esas estructuras.