La Ley de Remoción de Funcionarios Públicos de esta capital –aprobada por los diputados locales en enero del año pasado– señala el procedimiento a seguir para que en caso de causas graves, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pueda quitar de su cargo a un servidor público, y que podría aplicarse para el caso del jefe delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito.

Dicha ley señala que cuando se presente una solicitud para remover un funcionario se integrará una comisión con legisladores de todas las fracciones. La comisión escucharán a ambas partes, elaborará un dictamen, y se llevará al pleno. Para remover a un funcionario la propuesta debe tener al menos 44 votos.