ientras que amplias franjas de la población mundial continúan padeciendo los estragos de una de las peores crisis alimentarias en la historia reciente, a la cual se sumaron los efectos de la recesión económica internacional, en distintos puntos del planeta, particularmente en los países pobres, se amplían las prácticas de acaparamiento de tierras cultivables por parte de extranjeros, tanto gobiernos como consorcios privados.
En los últimos meses, en Etiopía se ha puesto en marcha una política de arrendamiento de amplias porciones del sobrante
de sus tierras fértiles a agroindustriales extranjeros, algo que, de acuerdo con el gobierno encabezado por Meles Zenawi, contribuirá a satisfacer la alimentación de sus más de 80 millones de habitantes, pero que, en el sentir de los propios etiopes y de distintos especialistas internacionales, sólo contribuirá a acentuar la de por sí galopante pobreza en esa nación del cuerno de África, sistemáticamente azotada por la hambruna.
Pero no se trata de un hecho aislado. Por citar uno de los ejemplos más recientes y significativos, cabe hacer mención al acuerdo suscrito, en noviembre de 2008, entre el gobierno de Madagascar, entonces encabezado por Marc Ravalomanana, y la empresa surcoreana Daewoo, por medio del cual esta última se beneficiaba con el arrendamiento de la mitad de las tierras cultivables de esa isla del sureste africano por 99 años, para la producción de maíz y aceite de palma. La amplia resistencia generada entre los agricultores locales obligó a la firma surcoreana a suspender el convenio en abril pasado, y terminó por ser un factor determinante en el derrocamiento del entonces gobernante malgache, el mes siguiente.
Por lo que hace a nuestro país, el fenómeno se ha manifestado con las alianzas empresariales establecidas por el grupo chino Suntime International Techno-Economic para operar unas mil hectáreas de terreno para la producción de granos, particularmente de arroz. Historias similares han tenido lugar en países como Camerún, Sudán, Marruecos, Pakistán, Camboya, Laos, Filipinas y Brasil, entre muchos otros.
La extensión de lo que ha sido calificado por el director de la FAO, Jacques Diouf, como un sistema neocolonial
, constituye el avance de un peldaño en la aplicación de la visión global de libre mercado que ha prevalecido en las últimas décadas en la política alimentaria mundial, la cual convierte las necesidades alimentarias de la población en una inmensa oportunidad de negocios privados. A lo que puede verse, para dicha lógica ya no es suficiente con acaparar la producción de alimentos –como ocurrió recientemente–, y se empeña ahora en hacer lo propio con las tierras que los producen, sobre todo en las llamadas economías emergentes.
Los efectos de tales prácticas no sólo resultan devastadores para los agricultores en pequeña escala, los cuales son vistos como un obstáculo por sus respectivos gobiernos, sino que amenazan con ser desastrosos para el conjunto de la población mundial: es claro que, con el desmantelamiento de los sectores agrícolas locales, el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y la absorción de los recursos disponibles por parte de los consorcios agroindustriales y de los países desarrollados, se acentuará todavía más el desequilibrio existente en la distribución mundial de los alimentos, se potenciará el desarrollo de escenarios especulativos y de encarecimiento generalizado de la comida, y se acrecentará, en suma, la insatisfacción de las necesidades alimentarias de una población mundial que, se estima, llegará a 9 mil millones para 2050.
Ante los elementos de juicio disponibles, resulta impostergable que se emprenda un viraje en la política alimentaria vigente en el planeta. Es necesario que los gobiernos del mundo orienten sus medidas de apoyo hacia los pequeños productores de alimentos, que son los únicos que, a fin de cuentas, pueden garantizar la existencia de comida, sobre todo en países pobres, y que se frene cuanto antes la onda expansiva de un neocolonialismo alimentario inhumano y con potencial devastador.
