San Cristóbal, de Las Casas, Chis., 27 de noviembre. Delegados del gobierno estatal y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) firmaron una minuta de acuerdo para atender las demandas de la agrupación que desde el 20 de octubre tiene tomadas las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en esta ciudad.

Al términar la reunión, a las 3 de la madrugada, se asentó el compromiso de las autoridades de buscar el desistimiento de la acción penal del expediente 253/2005 en el cual los dirigentes de la OCEZ José Manuel Hernández Martínez (Chema), Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández –quienes el pasado lunes fueron excarcelados bajo fianza– son acusados de varios delitos, igual que otros 11 labriegos contra quienes hay órdenes de arresto.

En cuanto a la desmilitarización de las comunidades, se dijo que el gobierno estatal transmitirá la demanda a las autoridades federales para que no se realicen patrullajes dentro de las localidades. Además, se investigará si la policía es responsable del accidente de tránsito en el que dos campesinos perdieron la vida y otro está inválido, por lo que será trasladado a un centro médico en la ciudad de México, con cargo al erario estatal, así como si hubo negligencia médica en la atención a tres lesionados en el hospital regional de Tuxtla Gutiérrez.

Tras cumplirse estos compromisos se abrirá la mesa de diálogo entre las partes para que sean atendidas otras demandas de los campesinos, se acordó.

En el documento no se fija ningún compromiso de la OCEZ para desalojar la sede de ONU ni levantar el campamento que desde hace un mes tiene en la plaza catedral de San Cristóbal.

La mesa de distensión comenzó a las 19 horas del jueves en las instalaciones de este organismo, encabezadas por Noé Castañón León, y los representantes de la OCEZ, bajo la mediación de Diego Cadenas Gordillo, director del Centro Fray Bartolomé de las Casas, y la observación de otras agrupaciones.

A las 22 horas se sumó el gobernador Juan Sabines, quien escuchó las demandas de los campesinos que exigían el desistimiento de la acción penal en favor de sus dirigentes; cancelar 11 órdenes de aprehensión y la desmilitarización de las comunidades en el municipio de Venustiano Carranza.

Queremos la libertad incondicional de nuestros compañeros porque no deben nada, y cancelar las órdenes de arresto porque no podemos salir a trabajar a nuestras milpas por temor a ser detenidos, le dijo Uverlaín Aguilar de la Cruz, uno de los delegados campesinos.

Sabines les aseguró que él tiene la mejor voluntad de atender sus peticiones. No vean al gobierno como un enemigo porque no tiene nada en su contra, dijo.