os economistas del gobierno están de luto. Durante meses se dedicaron a tratar de convencer a las agencias calificadoras de que la economía mexicana se mantenía en condiciones similares a las que tenía antes de la crisis, pero no lo lograron. Fitch Ratings rebajó el grado de calificación debido a la escasa capacidad gubernamental para implementar una política fiscal contracíclica sólida, a la debilidad del perfil fiscal, a un nivel de deuda alto, a una reforma energética insuficiente y a contar con márgenes de maniobra reducidos. Se trata de un diagnóstico claro, tal como el que formularon Stiglitz, Maskin, Engle y Phelps.
El diagnóstico destaca insuficiencias políticas y económicas del grupo que dirige el gobierno, pero también de los actores políticos que han conducido al Legislativo en los últimos años. La mala calificación, en consecuencia, tiene responsables: el gobierno federal y la alianza parlamentaria del PAN y el PRI. Los economistas del gobierno no podrán decir que los técnicos de la agencia calificadora desconocen México. El gobierno les entregó la información que requerían para evaluar el desempeño económico. A esa información puede accederse sin necesidad de ser secretario de Hacienda, de Economía o de cualquier otra dependencia.
El estado que guarda la economía y la administración pública se conoce bien. No sólo porque hemos vivido sus consecuencias, sino porque importantes grupos han analizado esa información cuidadosamente y han llegado a conclusiones similares a las de la calificadora Fitch. El análisis de ganadores del Nobel y también de importantes economistas nacionales es preciso. El gobierno federal ha fallado en el cumplimiento de una responsabilidad, que no puede considerarse de segundo importancia. Esa responsabilidad es contener el deterioro de los niveles de vida que la crisis le impone a la población. Por ello se requería una decidida política fiscal contracíclica.
Evidentemente al utilizar el gasto público como estabilizador y promotor de actividades con altos requerimientos de fuerza de trabajo y aplicar deducciones impositivas que tuvieran esos mismos fines, las finanzas públicas se deteriorarían. El déficit fiscal que resulta no necesariamente es negativo. En casos de una crisis como la actual, se justifica que el déficit crezca y que se financie con deuda pública. Eso es precisamente lo que han hecho la mayoría de los gobiernos. En los años siguientes tendrán que enfrentar el problema de una deuda mayor, pero si se lograron contener los impactos de la crisis sobre los sectores menos favorecidos, le correspondería a los diferentes grupos sociales beneficiados hacerse cargo de ese endeudamiento.
Los economistas del gobierno federal diseñaron una política económica para responder a las agencias calificadoras. Su responsabilidad, asumida explícitamente, era que las finanzas públicas no se deterioraran, para lo cual requerían cubrir el ‘boquete’ abierto por la reducción de los ingresos petroleros con fuentes permanentes de tributación. La prioridad, para ellos, eran las cuentas públicas, no la población. Sus alegatos de que aumentar el gasto hubiera sido irresponsable, sólo tenían una razón: mantener la calificación. El resultado está a la vista. Esos economistas merecen ser calificados con una nota reprobatoria.
Su pésimo desempeño, desafortunadamente, no sólo les afecta a ellos. Al país le costará, ya que la deuda que emita el gobierno, las empresas estatales e incluso las empresas privadas tendrá que pagar un mayor rendimiento. Nos ha costado, ya que sus pobres políticas contracíclicas fueron absolutamente ineficientes. Nos seguirá costando, ya que la población con mayores desafíos tendrá que enfrentar sin apoyo gubernamental la reducción de las remesas y la dificultad para encontrar un empleo decoroso.
Esos economistas tienen jefes. Ellos son los principales responsables del fracaso. Debieran ser despedidos inmediatamente. Sin embargo, para ratificar que la responsabilidad no sólo es gubernamental sino también de la alianza parlamentaria que dirige el Legislativo, pronto podríamos ver que uno de los reprobados deja su puesto, pero no para irse al desempleo, sino para ser gobernador del Banco de México.
