Más de 250 representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana procedentes de todo el país se encuentran virtualmente secuestrados por agentes de las policías Federal (PF), estatal y municipal, a unos 25 kilómetros de la capital de Zacatecas, adonde pretenden llegar en seis autobuses.

Antonio Caldera Martínez, director de Tránsito estatal, advirtió que los mineros no pasarán porque provocarían un caos vial en la capital del estado, en cuya plaza de armas realizarían una manifestación y una asamblea para manifestar su solidaridad con los mineros de Sombrerete que se encuentran en huelga en apoyo a su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia.

La caravana, procedente de la ciudad de México, fue detenida a las nueve de la mañana de este miércoles en el paraje Las Arcinas por agentes bajo el mando de José Hernández Tiburcio, comisario de la PF, quienes argumentaron que los papeles de los autobuses estaban vencidos.

Tres horas después, los mineros acordaron que ingresarían a la ciudad a pie y Hernández Tiburcio les dijo que no había problema y que podían subir a sus autobuses. Alegres, abordaron y emprendieron la marcha.

No habían avanzado un kilómetro cuando decenas de patrullas con policías antimotines les cerraron el paso, los rodearon y amagaron con golpearlos si intentaban bajar.

En Fresnillo, a 65 kilómetros, 400 seguidores de Gómez Urrutia intentaron llegar a la planta de Peñoles PLC para protestar por el homicidio de un minero, muerto en mayo a manos de trabajadores de la sección 62, que encabezan David Navarro y los hermanos Carlos y Héctor Pavón, quienes encabezan la corriente opositora a Napoleón Gómez Urrutia.

Unos 30 kilómetros antes de ingresar a la ciudad, en el municipio de Sain Alto, policías federales y estatales detuvieron el convoy de 10 autobuses. Los mineros decidieron caminar, pero la policía instaló otro filtro en los accesos a Fresnillo para impedirles llegar con el argumento de evitar otro choque entre los grupos antagónicos.

En la ciudad de México, el sindicato señaló que la retención de los mineros fue una medida fascista y represiva del gobierno federal, que violó las garantías constitucionales de libre tránsito y manifestación a petición de Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres.

Al cierre de esta edición, los agentes mantenían secuestrados en los autobuses a los mineros, sin alimentos ni agua, y no los dejan salir.