La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados frenó un punto de acuerdo del Partido del Trabajo (PT) para que en su sesión de este martes el pleno solicitara al presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez Acuña, que inicie el juicio de controversia constitucional contra el decreto presidencial que extinguió al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En la reunión de ayer del órgano de dirección de la Cámara, PRI y PAN sólo dieron entrada al punto de acuerdo, redactado por el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), pero señalaron al vicecoordinador petista, Enrique Ibarra Pedroza, que expresamente solicitarán a la mesa directiva no lo incluya en el orden del día de la sesión de este martes.

La decisión de ambas bancadas se enmarca en su acuerdo de no discutir ni votar en el pleno la presentación de una controversia, una vez que los priístas solicitaron al gobierno federal repartirse 30 mil millones de pesos que se habían incluido en el proyecto de presupuesto 2010 para Luz y Fuerza del Centro.

En su propuesta, Cárdenas Gracia sostiene que para la extinción de la compañía eléctrica debió seguirse el camino inverso al de su constitución. Esto es, derogar el artículo 4 transitorio de la Ley del servicio público de energía eléctrica, que ordenó al Ejecutivo crear la empresa; abrogar el decreto presidencial de 1994 con el cual se constituyó; y que existiera una orden expresa del Congreso para declarar su desaparición.

La creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994 tuvo como fundamento legal y vida jurídica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Su creación no fue un acto discrecional del Ejecutivo realizado en ejercicio de atribuciones propias, pero sí de un acto obligatorio, reglado y ordenado por el Legislativo, explica.

Señala que con el decreto de extinción, el gobierno de Felipe Calderón violó la Constitución en sus artículos 1, 5, 9, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 41, 49, 50, 72, inciso F; 73, fracciones X, XII y XXIX-E; 90, 123 y 133.

Además considera que al efectuarse la ocupación de las oficinas centrales de Luz y Fuerza en la ciudad de México, la noche del 10 de octubre, antes de publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ocurrió un día después, no había fundamento legal para el operativo de la Policía Federal.

De acuerdo con el legislador del PT, la presentación de la controversia por la Cámara es necesaria, porque el Ejecutivo invadió  competencias del Congreso de la Unión; infringió el principio de división de poderes y terminó con las relaciones de trabajo individuales y colectivas sin que se haya seguido juicio alguno que respete las formalidades esenciales del procedimiento y se haya emitido resolución de las autoridades competentes.

También, porque su única finalidad es socavar la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores electricistas.

Mientras, hasta hoy diputados de PRD y PT harán un conteo de los diputados que acudieron a la mesa directiva de la Cámara a firmar la controversia constitucional propuesta por la bancada perredista. Para la presentación de ese recurso se requiere el aval de al menos 251 legisladores.