San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de noviembre. Existe una lógica común y recurrente que tiñe de violencia a los ejidos de Mitzitón, Jotolá y San Sebastian Bachajon, concluyó la Brigada de Observación de la Red contra la Represión y por la Solidaridad de la otra campaña, tras recorrer durante cinco días dichos ejidos, que experimentan una constante presión de policías estatales y los grupos paramilitares Ejército de Dios y Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic): hostigamiento, agresiones físicas y sicológicas, amenazas de detención, muerte y violación.

En estos tres pueblos –ahora emblemáticos de la resistencia indígena a la autopista San Cristóbal-Palenque y en general a los proyectos turísticos y de privatización territorial que los amenazan–, la impunidad brindada por los gobiernos estatal, municipales y federal al cobijar a los agresores permite la continuidad de la violencia.

De acuerdo con la brigada, estas comunidades se resisten al despojo y desalojo de la tierra y el territorio que transgrede la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas fundada en legislaciones y tratados reconocidos en nuestro país (como el convenio 169 de la OIT).

Los observadores consideraron preocupante la situación de violencia, que constataron por el hecho de que un grupo de 60 compañeros (indígenas) tuvieron que acompañarnos en nuestro recorrido por motivos de seguridad. Además se documentaron casos de violación sexual a mujeres y el encarcelamiento de compañeros adherentes en otras regiones.

La problemática más reciente y grave está en Jotolá, donde las amenazas de despojo de tierras por parte del grupo paramilitar Opddic se han desatado impunemente “contra pobladores de la otra campaña del ejido tzeltal”, apuntó este mediodía la brigada durante una conferencia de prensa. La escalada de violencia inició con la detención injustificada del profesor Manuel Aguilar Gómez, dirigente de la comunidad, el 20 de noviembre de 2008. El 18 de septiembre de 2009, en una emboscada de integrantes de la Opddic, fue agredido Ricardo Lagunes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; resultó herida de bala Carmen Aguilar Gómez, y sufrió una brutal golpiza Rosa Díaz Gómez, quien tuvo que ser intervenida de urgencia.

Por estos hechos fueron aprehendidos cuatro de los agresores: Juan, Rogelio y Guadalupe Cruz Méndez y Agustín Hernández Santiz. Sólo permanecieron presos tres días, y fueron liberados diligentemente por el juez segundo de lo penal en El Amate, Carlos Alberto Bello Avendaño, el mismo que condenó a los hermanos Gerónimo y Antonio Gómez Saragos, ejidatarios de la otra campaña de San Sebastián Bachajón; excarceló a los agresores de Jotolá atendiendo a gestiones de Antonio Moreno López, alcalde priísta de Chilón, y del delegado de Gobierno, César Santiago.

Ahora, mujeres y niñas de Jotolá son objeto de amenazas constantes de violación por parte de los liberados y sus familiares, quienes también han amagado con quemar casas de los ejidatarios de la otra campaña. El gobierno estatal se declaró inconforme con la decisión del juez y tibiamente anunció que apelaría. Debió hacerlo este viernes, pero no está confirmado que lo hiciera.