San Cristóbal de Las Casas, Chis, 21 de noviembre. Unas 300 indígenas de distintas organizaciones marcharon aquí para exigir que cese la campaña oficial de difamación contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) región Carranza, que tiene tomada la sede local de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estamos cansadas de que nos vinculen con delincuentes y grupos subversivos, cuando somos organizaciones políticas en lucha por las libertades democráticas y los derechos constitucionales, afirmó Yolanda Castro Apresa, una de las representantes del FNLS.

Las manifestantes partieron del sureño barrio de San Diego y tras cruzar el centro de la ciudad llegaron a las oficinas de la ONU, donde permanecieron dos horas en apoyo a los 17 campesinos que las ocuparon el pasado 30 de octubre para exigir que sean excarcelados tres dirigentes de la OCEZ.

En la Plaza Catedral, donde decenas de miembros de la OCEZ permanecen en plantón desde el 26 de octubre por la misma causa, las mujeres realizaron un mitin por la liberación de todos los presos políticos, contra la militarización del país, en repudio a la violencia de género y para que se haga justicia laboral a las empleadas domésticas maltratadas y mal pagadas.

En Tuxtla Gutiérrez, indígenas del municipio de La Trinitaria que cumplieron más de una década en poder del predio Yuria, propiedad de Ismael Sánchez Martínez –hermano del edil de Cancún, Quintana Roo– dijeron ser objeto de amenazas de muerte para desalojarlo.

Tras el alzamiento armado de 1994, unos 200 predios de la región quedaron en posesión de campesinos y el gobierno federal indemnizó a los propietarios; pero en denuncia enviada a las juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los ocupantes del predio Yuria señalan que el pasado 13 de noviembre un capataz de la familia Sánchez Martínez los amenazó de muerte.

Interceptaron al campesino José Alfredo Espinosa López y le dijeron que a cualquier miembro de las 25 familias ocupantes lo van a mandar matar si la gente no abandona el rancho, que tiene alto valor comercial, expresaron los denunciantes.