as reformas para penalizar el aborto aprobadas el pasado martes por el Congreso de Veracruz permiten ponderar el calado de la cruzada emprendida hace meses por la Iglesia católica y otros sectores reaccionarios del país: desde ese día, más de la mitad de las legislaciones estatales –17 en total– cuentan con normativas que, en general, obligan al Estado a defender la vida humana desde la concepción
y eliminan las causales por las que se admite la interrupción ilegal del embarazo, como cuando éste es producto de una violación. La circunstancia llevó ayer a distintos especialistas en temas religiosos a la conclusión de que las autoridades eclesiásticas, fortalecidas por el éxito de su campaña antiabortista, podrían centrarse ahora en aspectos como la defensa de la educación religiosa y la condena y persecución de las preferencias no heterosexuales.
La proliferación de estas regresiones legislativas en materia de derechos sexuales y reproductivos no es, sin embargo, el único dato del avance del conservadurismo en México. El episodio de la quema
de los libros de biología elaborados por la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato constituye un ejemplo claro e inequívoco de la ideología y de los métodos empleados por algunas mentalidades cavernarias en contra de lo que consideran ajeno a los valores
y a las buenas costumbres
: en esa estrecha visión no tienen cabida el empleo de métodos anticonceptivos como el condón –el único que actualmente ayuda a prevenir tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de transmisión sexual–, las expresiones de diversidad sexual, la soberanía de las personas sobre sus cuerpos y sus afectos, ni los derechos reproductivos.
La oleada de conservadurismo que se desarrolla en distintos espacios sociales y políticos del país tiene como componente ineludible el apoyo de la coalición política de facto que integran los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). El respaldo que el primero brinda, ya sea por acción o por omisión, a posiciones tan irracionales e intolerantes como la criminalización y penalización del aborto o la quema de libros de texto obliga a suponer que, a la par de la preservación de las recetas económicas neoliberales, los gobiernos panistas buscan operar un retroceso del país a los tiempos previos a la separación entre Iglesia y Estado. Al respecto, resulta significativa la participación del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en el llamado Encuentro de las Familias que se llevó a cabo a principios de año en esta capital, en el cual el michoacano se ostentó como feligrés e incumplió así una de sus responsabilidades básicas: la de desempeñarse como el jefe de un Estado laico.
Por lo que hace al alineamiento del PRI a las reivindicaciones reaccionarias señaladas, éste parece obedecer a una lógica mucho más pragmática que programática, que consiste en identificar algunos de los sectores más retrasados de la cultura cívica para usarlos como parcela de sufragios.
En vista de los retrocesos avalados en las legislaturas estatales, se asiste al riesgo de que el partido gobernante y sus aliados políticos respalden, en el corto y mediano plazos, nuevas aberraciones en materia de libertades ciudadanas y derechos sociales, sexuales y reproductivos; que se agudice la indolencia oficial frente a la desigualdad, la pobreza, la impunidad, la corrupción, el atropello de las garantías individuales y la falta de sentido de realidad que afecta a buena parte de los funcionarios del gobierno federal, empezando por su titular, y que se profundice, en suma, el oscurantismo
–para decirlo con palabras del historiador John Womack– que hoy caracteriza el ejercicio del poder.
