Al comparecer ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa, Yazmín Esquivel Mossa, candidata a magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se pronunció por una reforma que permita al órgano ser una instancia ejecutora de sentencias y no sólo de nulidad de actos administrativos de las autoridades.

Al responder a las preguntas de los legisladores, consideró que el incumplimiento de la sentencia y la reincidencia en la violación de la norma deben ser motivo suficiente para la destitución del cargo de un servidor público.

Refirió que el tribunal resuelve 85 por ciento de los casos en favor de los ciudadanos, la mayoría son multas de tránsito aplicadas por la Secretaría de Seguridad Pública, seguidas por multas y recargos en el cobro del servicio de suministro de agua potable y en tercer sitio, las licencias de construcción.

En la comparecencia estuvieron el presidente de la comisión, el perredista Julio César Moreno Rivera; Raúl Antonio Nava Vega, del PVEM; el panista Carlos Fabio Pizano Salinas; el priísta Cristian Vargas Sánchez; José Arturo López Cándido, del PT y David Razú Aznar, del PRD.

Esquivel Mossa, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública delegacional, en la PGJDF, fue secretaria técnica de la Comisión de Hacienda de la ALDF, profesora de derecho internacional privado en la UNAM y magistrada unitaria del Tribunal Superior Agrario, dijo que los magistrados de cualquier órgano jurisdiccional deben ser ajenos a partidos políticos, desempeñar su encargo privilegiando en todo momento los principios de independencia, imparcialidad, legitimidad, objetividad, profesionalismo y no buscar el reconocimiento o el beneficio personal, para dar certeza jurídica a sus resoluciones.

Por otra parte, en entrevista previa, el diputado Moreno Rivera adelantó que en la próxima sesión ordinaria se presentará un paquete de iniciativas para ajustar los ordenamientos locales a la reforma de la legislación federal que permite a los agentes del Ministerio Público del fuero común ejercitar acción penal contra narcomenudistas.