La frontera sur de México se ha convertido en el filtro, en el primer muro y quizá más duro de todos los retenes para los migrantes centroamericanos, agravándose aún más la violación de los derechos humanos. Ante las presiones políticas y económicas de Estados Unidos, la política migratoria mexicana ha sabido plegarse.

En el estudio Sur, inicio de un camino, de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, se señala que esta frontera está regida por una política migratoria con un enfoque de seguridad nacional, centrada en la contención de flujos.

Prueba de ello son los sucesivos operativos militares con el argumento de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, la presencia de personal de agencias del gobierno de Estados Unidos en las instituciones responsables y en redadas relacionadas con el control migratorio en algunas naciones centroamericanas, así como la persistente intención del gobierno de Guatemala de romper unilateralmente los términos del Acuerdo CA-4, que permite el libre tránsito de los nacionales de ese país, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La investigación, presentada por sus autoras, Dafne Cruz Monroy y Elena Barrios Juárez Badillo, advierte que si bien en esta frontera mexicana no se han erigido muros ni instalado sofisticados equipos para la detección y detención de migrantes, los resultados han sido muy semejantes.

Las investigadoras presentan estadísticas de las entradas, aseguramientos, expulsiones y repatriaciones de centroamericanos en los últimos cuatro años. Concluyen que esta política de contención ha adquirido mayor fuerza a medida que el fenómeno ha ido cobrando dimensiones mayúsculas. Incluso reportan datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Se encontró que la mayoría de los aseguramientos en territorio mexicano se ejecutan en estados del sur, especialmente en los fronterizos; solamente Chiapas y Tabasco concentran más de 60 por ciento de las detenciones de personas en situación migratoria irregular.

Con un cambio en los últimos años, se ha detectado ahora que los migrantes provenientes de Honduras son las personas centroamericanas mayormente detenidas, seguidas por los guatemaltecos, luego los salvadoreños y en mucho menor medida los nicaragüenses, quienes han optado por migrar preferentemente a Costa Rica.

El documento fue presentado la noche del miércoles en las instalaciones del sindicato de telefonistas, en el que participaron representantes de diversas organizaciones que trabajan con migrantes, tanto en México como en Centroamérica. Presentaron fotografías y testimonios grabados de migrantes, que relataron los motivos por los que dejaron a sus familias y lugares de origen, los abusos de los que fueron objeto por parte de autoridades y civiles en su recorrido por territorio nacional, y sus anhelos de encontrar mejores condiciones de vida.

El documento expone numerosas y graves situaciones de violencia y abuso a las que se enfrentan los migrantes en las regiones fronterizas de México. Pero además, se cuestiona que por un lado exista un discurso oficial que intenta mostrar y convencer que la situación de los migrantes es aceptable, y que los tres niveles de gobierno hacen un esfuerzo por sus derechos humanos, pero por el otro está la existencia de los poderes fácticos, que trazan el rumbo de la problemática y en los que la corrupción y la impunidad tienen un papel crucial.