En sesión privada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó el 17 y 18 de este mes la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, homicidio e impunidad en los casos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, tres de las ocho víctimas encontradas en noviembre de 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó que estableciera la responsabilidad internacional del Estado mexicano, porque ha incurrido en violaciones a tratados y acuerdos mundiales. Con estas declaraciones condenatorias se sentará un precedente por el caso de los feminicidios que ocurren en dicha ciudad fronteriza desde 1993.

En tanto, en un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, el gobierno mexicano señala que la CIDH aún no dicta sentencia sobre este asunto, y que será en los próximos días cuando lo haga.

El texto señala que durante la revisión de este caso, “el Estado mexicano ha expuesto todas las medidas institucionales y de políticas públicas que se han emprendido para proteger a las mujeres de la violencia, ha reiterado su compromiso en la lucha contra la impunidad y presentó, a solicitud de la Corte, los avances registrados en las investigaciones de esos tres homicidios de mujeres y las sentencias en los 203 casos que ya fueron resueltos por las autoridades de Chihuahua.

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la CIDH una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos por los casos 12.496, 12.497 y 12.498, Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, niñas y jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 en Juárez.

El 6 y 7 de noviembre de ese año fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres asesinadas, con claras señas de tortura sexual, en un campo algodonero de la ciudad fronteriza referida. Hasta hoy no hay ningún responsable detenido y este caso se ha constituido como emblemático por los altos grados de implicación criminal de agentes de la entidad y por la cadena de complicidades que hacen evidente la responsabilidad del Estado en la impunidad de estos hechos, sostienen el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

En su demanda, la comisión interamericana solicita a la CIDH que responsabilice al Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial; transgresiones a los derechos del niño y a la integridad personal, y que le ordene “llevar a cabo, con la debida diligencia, una investigación seria, imparcial y exhaustiva para esclarecer la verdad histórica de las desapariciones y posteriores asesinatos de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda.

Asimismo, adoptar medidas de rehabilitación y compensación, en el plano material e inmaterial, al adoptar todas las medidas legales para evitar la repetición de estos hechos e implementar una política integral y coordinada, respaldada con recursos para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados y sancionados, y sus víctimas reparadas.

La comisión interamericana documentó que las autoridades no realizaron investigación alguna en ninguno de los tres casos.

Destaca que dichos casos son emblemáticos por el patrón de impunidad y la ineficacia judicial. Refiere que a pesar de que estos asesinatos han llamado la atención nacional e internacional, el Estado no ha actuado para enfrentar la situación de Ciudad Juárez con esfuerzos significativos. El Estado tiene que demostrar su compromiso real de enfrentar este patrón de impunidad, dice el organismo.

La sentencia de la Corte Interamericana será dada a conocer al Estado mexicano y a la defensa de las víctimas en alrededor de dos semanas, una vez que su área legal valide y revise el documento.