Empezó ayer en la Cámara de Diputados la recolección de firmas de legisladores que respaldarán la interposición de una controversia constitucional contra el decreto presidencial del pasado 10 de octubre que extingue a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El recurso considera que el Ejecutivo no tiene atribuciones para asumir una decisión de ese tipo y que, por tanto, violó la Constitución. Señala que para la desaparición de dicha empresa debió seguirse el camino inverso al de su creación: derogar el artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de la Energía Eléctrica, reformado en diciembre de 1989; abrogar el decreto presidencial de 1994 que permitió la constitución de LFC, y, mediante orden previa del Congreso, emitir el decreto del Ejecutivo para desaparecerla.

El texto incluye 15 conceptos de invalidez de la disolución, entre los que se señala que el decreto presidencial está en colisión con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley, prescrito en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque sin orden y norma del Poder Legislativo, el Ejecutivo realizó actos que no son de su competencia exclusiva.

Este jueves, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se abrió un plazo –hasta el martes próximo– para que los diputados puedan suscribir la controversia, una vez que la mayoría del PRI y del PAN decidió no votar en el pleno la presentación de un recurso legal contra el decreto de Felipe Calderón.

También, entre los conceptos de invalidez se define que todo lo vinculado a regímenes del servicio público está normado de manera exclusiva en la Constitución, no en decreto del Ejecutivo sin intervención del Poder Legislativo.

Además, señala que al ser la electricidad una actividad prioritaria, no está sujeta al libre mercado y a la participación de los particulares.

En ese sentido, advierte que la decisión de crear o extinguir un organismo que presta servicio de energía eléctrica se trata de una de las funciones económicas fundamentales del Estado, sobre las que el Ejecutivo, como indica el párrafo IV del artículo 25 constitucional, sólo tiene competencia sobre el control y la propiedad del organismo.

Considera que no es válido el argumento de que el decreto es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el mismo se establece también tiene vinculación con derechos colectivos e individuales de trabajadores y acreedores, y, lo más importante, con el servicio de energía eléctrica y los derechos de la nación y sus integrantes, que son propietarios de dicha energía y son los consumidores de la misma.

El recurso, que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se consiguen las firmas necesarias, pide declarar la invalidez del decreto presidencial.

El diputado Ramón Jiménez López, del PRD, refirió que se requieren las firmas de al menos 251 legisladores para que el presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez Acuña, interponga la controversia.

Permitirá la adhesión de priístas

En conferencia de prensa, Jiménez López aseguró que esta vía es la óptima y permitirá que diputados del Revolucionario Institucional puedan sumarse, sin que sea necesaria la aprobación de su grupo parlamentario.

Hacemos un llamado a todos los diputados para que suscriban la controversia. Muchos de ellos, una buena cantidad de priístas, ya se han expresado en favor de defender con dignidad las funciones que competen a la Cámara de Diputados, dijo.

El perredista refirió que la controversia tiene como base que el Ejecutivo invadió funciones que competen exclusivamente al Poder Legislativo, como las dispuestas en la fracción X del artículo 79 constitucional, que define con precisión que sólo el Congreso de la Unión puede legislar en materia de energía eléctrica.

También –dijo–, de acuerdo con la ley, Luz y Fuerza del Centro, al ser constituida por una instrucción de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, sólo puede extinguirse por la misma vía.

En tanto, durante su participación en el Foro en defensa de la industria eléctrica y sus trabajadores, el coordinador de la fracción de Convergencia, Pedro Jiménez León, aseguró que la Cámara no debe abandonar el camino jurídico para evitar que se consume el golpe a los despedidos por el decreto presidencial.

Aseguró que éste sólo abona aun más a la tensa situación social que impera en el país. Dijo que Convergencia respaldará la controversia, luego de que no se logró un acuerdo en el grupo de trabajo constituido para buscar una salida jurídica, por lo cual se optará por la recolección de firmas, incluso entre priístas que tienen la misma inconformidad.