as declaraciones realizadas por el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, quien la víspera señaló que el desempeño del gobierno mexicano frente a la recesión económica ha sido uno de los peores en el mundo y que las alzas recientemente aprobadas a los gravámenes tendrán un efecto muy negativo en la economía, levantaron ámpula en la administración federal y desataron una oleada de críticas por parte de funcionarios calderonistas.

Ayer al mediodía, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, acusó al economista estadunidense de ignorar las afectaciones que enfrentó nuestro país como consecuencia la desaceleración mundial y de la caída en la producción petrolera, y dijo que el gobierno federal actuó responsablemente ante la recesión. Casi de manera simultánea, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero Arroyo, señaló que Stiglitz no conoce a detalle las políticas contracíclicas adoptadas por la actual administración ni la realidad de las finanzas públicas mexicanas, y recomendó al premio Nobel leer un poquito más de México.

Las descalificaciones formuladas por los funcionarios federales en contra de Stiglitz –quien no es, por cierto, el primer Nobel de Economía en criticar abiertamente la actuación del calderonismo ante la crisis– denotan incapacidad autocrítica y arrogancia en el grupo gobernante, elementos que, según se ve, han impedido a los encargados del manejo económico del país enfrentar la presente coyuntura con un mínimo de sensibilidad y de realismo.

La supuesta eficiencia de las políticas contracíclicas a las que hizo alusión Cordero Arroyo queda en entredicho a la luz de los datos difundidos ayer mismo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el sentido de que el desempleo en el país se prolongará hasta mediados de 2010, y que la tasa de desocupación en ese entonces será de 6 por ciento, más elevada que antes de las crisis.

A lo anterior debe añadirse el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cual señala que, al cierre de 2009, el número de pobres en México ascenderá a 41 millones, cifra que, de cualquier forma, palidece ante los más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza contabilizados recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo dependiente de la propia Sedeso.

Es claro, por lo demás, que el auge del desempleo, la pobreza y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población en el país no son atribuibles por entero a la recesión mundial originada en Estados Unidos el año pasado. Antes bien, esos flagelos son producto de la conjunción entre esa crisis exógena y otra endógena que deriva de la aplicación, desde hace más de dos décadas, de las directrices económicas emanadas del llamado Consenso de Washington, así como de la falta de voluntad de las dos administraciones federales panistas para emplear los recursos públicos de que han dispuesto en la atenuación de las exasperantes desigualdades sociales, la reactivación de la economía y el mercado internos y la generación de empleos.

En suma, las objeciones presentadas por los funcionarios calderonistas a lo expresado por Joseph Stiglitz ponen de manifiesto que, pese a que la crisis económica continúa y aunque sigue causando estragos sociales y sufrimiento en la mayoría de la población, el grupo en el poder continúa sin encontrar un rumbo de verdadero desarollo para el país y, lo que es peor, no parece tener interés en hallarlo.