Oaxaca, Oax., 19 de noviembre. Durante más de 15 horas, pobladores del municipio de San José del Progreso, en la región de los Valles Centrales, retuvieron en la alcaldía al síndico, a tres regidores, al secretario y a siete policías del ayuntamiento en demanda de que se destituya al edil, Óscar Venancio Martínez Rivera.

Las autoridades y policías fueron retenidos de las 19:30 horas de ayer a las 13:30 de este jueves, luego que el subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, acudió a negociar con los manifestantes.

Bernardo Vásquez Sánchez, portavoz de la comunidad, dijo que los pobladores ocuparon el palacio municipal y retuvieron a las autoridades y los policías debido a que el alcalde no consultó con los pobladores la autorización otorgada a la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán.

El alcalde pidió al gobernador Ulises Ruiz Ortiz enviar agentes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales para reprimir a quienes bloqueaban los accesos a la mina, el 6 de mayo, acusó.

También acusó al munícipe y a Efrén Dionisio Cruz (quien concilia en conflictos entre vecinos) de golpear a Mario Ruiz y Martín Arango, ancianos que se oponen a la operación de la mina.

Anda entregando dinero y zapatos en el pueblo para que la gente firme el documento de aceptación de la mina, señaló.

Destacó que los inconformes iniciaron el procedimiento de desaparición de poderes en el Congreso del estado e incluso aportaron pruebas, pero la Comisión Permanente de Gobernación, encabezada por el priísta Javier Mendoza Aroche, no ha dado respuesta.

Vásquez Sánchez exigió que la legislatura local suspenda el ayuntamiento y nombre un concejo municipal electo por los pobladores, y que el Instituto Estatal Electoral convoque a la elección de autoridades en asamblea general de ciudadanos.

El subsecretario Rodríguez Palacios dijo que el síndico, los regidores y una representación de los inconformes acudieron al Congreso del estado para entrevistarse con una comisión de diputados y analizar la demanda de desaparición de poderes.

El funcionario dijo que ocho de los retenidos, entre ellos los policías, fueron llevados al hospital de la Cruz Roja para ser atendidos por las lesiones que les causaron los inconformes, quienes amarraron de pies y manos al síndico Pedro Francisco González Gopar y a dos agentes y a su lado colocaron leña y bidones de gasolina con la amenaza de quemarlos vivos.