Tegucigalpa, 18 de noviembre. Estados Unidos manda a su hombre no para sacar a José Manuel Zelaya de la mitad del río, sino para alejarlo más de cualquier orilla. Parte importante de la solución para avanzar hacia el futuro son las elecciones hondureñas, dice el subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Craig Kelly, ya asiduo visitante de este país.

Con la declaración se cierra toda posibilidad, si quedaba alguna, de que Honduras vaya a elecciones con su presidente legítimo. Kelly no necesita los cinco minutos que según Zelaya le tomaría a Estados Unidos reinstalarlo, sino menos de uno, para afirmar que nadie tiene derecho de quitar al pueblo hondureño el derecho de votar y de elegir a sus líderes.

Da igual. El Congreso hondureño ya había anunciado que la sesión en que decidirá sobre la restitución del presidente Zelaya se realizará después de los comicios, y entonces Honduras tendrá tres presidentes: uno electo, otro de facto y uno más refugiado en la embajada de Brasil, país que, con Argentina, hace saber que no reconocerá al gobierno surgido de los comicios del 29 de noviembre, ya declarados fraudulentos por Zelaya y la resistencia que le acompaña.

Richard Lugar, el republicano más pesado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, elogia la decisión del Congreso hondureño y pide que su país reconozca la elección si reúne las normas internacionales de justicia y transparencia.

¿Cuáles observadores y con cuáles credenciales técnicas y democráticas calificarán si se cumplen las normas? A saber, porque hasta ahora, los únicos que han anunciado que vendrán son los amigos de ultraderecha y derecha simple del régimen golpista. Ni los legisladores republicanos de Estados Unidos pueden venir porque no hay demócrata que los acompañe.

Igual, Lugar pide a los países de la región, y especialmente a Brasil, que admitan que la única vía para superar la crisis es el reconocimiento de los comicios.

Y como eso es lo más importante, los diputados que buscan la relección podrán terminar sus campañas sin distracciones y luego concentrarse en el silencio electoral de cinco días que la ley impone.

El Congreso hondureño, escuela de dictadores

El 2 de diciembre, ya confirmados en sus cargos, retornarán a sus curules, en un espantoso edificio en el centro de esta ciudad, donde el patio ha sido utilizado como prisión temporal para los zelayistas rijosos, quienes han rebautizado la plaza frente a la sede del congreso como plaza de los diputíteres.

Ahí, lo más probable es que buena parte de los 128 diputados cumplan, una vez más, con una de las reglas de oro del sistema político hondureño: Que cualquier reforma sea seguida de inmediato por una contrarreforma, como frasea el analista Manuel Torres. En este caso, la reforma es el acuerdo de Tegucigalpa-San José, tan celebrado e inmediatamente cachado por el Congreso hondureño para hacerlo trizas a fuerza de demoras.

El Congreso hondureño tiene, de verdad, sus peculiaridades. Torres, periodista de larga experiencia y acucioso observador de la realidad de su país, sostiene que una de las claves de la crisis estructural que atraviesa Honduras es el enorme peso que tiene el Poder Legislativo.

Roberto Micheletti, afirma, no aprendió el autoritarismo que exhibe en los cinco meses que lleva en el poder, sino en sus más de 30 años como diputado en el Congreso Nacional, una escuela de dictadores.

La clave es el reglamento interior del órgano legislativo, aprobado en la Constituyente de 1982 que dio fin a los regímenes militares, y hace de este congreso el más antidemocrático de toda América Latina.

Tal reglamento otorga al presidente del Congreso un control absoluto de las decisiones y los dineros, y tal fue el cargo que tuvo Micheletti durante los últimos años.

El enorme poder del Legislativo ha llegado a extremos patéticos. En 2004, por ejemplo, el Congreso se arrogó la facultad de interpretar la Constitución. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos declaró inconstitucional la medida y más tarde la Suprema Corte hizo lo propio, en virtud de que según la propia Constitución, sólo el Poder Judicial puede interpretar la ley suprema. El decreto nunca llegó a publicarse, de tal manera que, desde entonces, el Congreso tiene la facultad de ajustar a su conveniencia la carta máxima del país.

Dictadura perfecta a lo catracho

Los dos partidos tradicionales tienen 117 de los 128 miembros del Congreso unicamaral. El Partido Liberal (PL) cuenta con 62 diputados y el Nacional (PN) 55. El resto se reparte entre tres pequeñas formaciones políticas, dos de las cuales se inclinan siempre hacia el mejor postor.

Gracias a su enorme peso en el escenario nacional, el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, no se ha cansado de repetir acerca de la sesión para decidir el futuro de Zelaya: Nadie nos puede imponer plazos.

El alarde de autonomía no es compartido por buena parte de los hondureños, que desde hace mucho sabe que los diputados llegan a sus cargos no por el apoyo de sus electores, sino por el respaldo de las diez o 15 familias más poderosas del país.

¿Cuántos de los 128 diputados tienen dueño? Quizá con excepción de los seis de Unificación Democrática, todos, dice un veterano reportero de temas legislativos.

“Los industriales tienen a sus propios representantes de facto en el Congreso, de igual forma que los tienen los banqueros, los comerciantes importadores, los empresarios del turismo, la construcción o las telecomunicaciones… Es el sistema de lobby estilo Honduras, la red de influencias con la impronta nativa, el estilo criollo, la picardía aborigen”, describe Víctor Meza, ministro de Gobernación de Zelaya, en su texto Los grupos fácticos y la transición a la democracia, escrito antes de que ocupara su cargo.

El Congreso decide los nombramientos de los magistrados electorales, de las cabezas del Tribunal Superior de Cuentas y muchos otros órganos del Estado. Aunque el proceso es relativamente más transparente en el caso de la Suprema Corte de Justicia, puesto que hay nominaciones, a final de cuentas el pastel se reparte así: ocho magistrados para los liberales y siete para los nacionalistas. Cada cuatro años, la ecuación se invierte.

Ese congreso donde liberales (ahora divididos) y nacionalistas se reparten el queso, decidirá después de las elecciones, con la bendición de Estados Unidos: Celebrar la votación el 2 de diciembre no es necesariamente incoherente con el acuerdo, afirma Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, desde Washington.

Kelly dice que Zelaya debe ser restituido antes de que termine su mandato, y nada más.

¿Le parecería bien al Departamento de Estado el 26 de enero?

Espero que con la llegada de Arturo Valenzuela (como nuevo subsecretario para asuntos de la región) haya algún cambio, pero tal vez ya sea demasiado tarde, dice Vicki Gass, analista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), cuyas palabras resumen el desencanto de quienes están contra la legalización del golpe de Estado por la vía electoral.

Micheletti sonríe con el enviado de Washington, que se regresa hoy mismo, mientras en las calles crece el rumor de que si Zelaya sale de la embajada será rumbo al exilio.

Manuel Torres, con Zelaya en el rechazo a un proceso electoral en estas condiciones, lo ve como una posibilidad: Sí, creo que él está buscando proteger a su familia y a su círculo cercano, y después podría irse exiliado.

Sería la confirmación de una frase que a Torres le gusta repetir: La dictadura perfecta no era la del PRI, es la del bipartidismo hondureño.