Cerro de San Pedro, SLP, 17 de noviembre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudirá este miércoles a las instalaciones de Minera San Xavier para constatar la suspensión de actividades en la planta. Ya no deberá realizar explosiones en el cerro y sólo podrá trabajar con el material que ya extrajo para después cerrar definitivamente.

La compañía canadiense apenas fue notificada hoy oficialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de que se le revocó el permiso de impacto ambiental para la operación de la veta, localizada en este municipio, a unos pasos del pueblo, que cuenta con alrededor de 500 construcciones antiguas.

A las 15 horas se escucharon cuatro detonaciones en el cerro, que se efectúan con 25 toneladas de explosivos, pero en el centro del pueblo se percibieron como ocho vibraciones intermitentes. La gente padece de lunes a viernes y a la misma hora esos movimientos, similares a los temblores.

De acuerdo con fuentes de la Profepa, las detonaciones de hoy deben ser las últimas, luego de que el Tribunal Fiscal de Justicia Federal y Administrativa (TFJFA) notificó a la compañía el 15 de octubre la cancelación del permiso de impacto ambiental, la Semarnat acató la resolución y ahora el organismo verificará que eso se cumpla.

El engaño

El 13 de noviembre la Semarnat aseguró en un comunicado que ya había informado a la minera sobre la revocación del permiso, pero ello no ocurrió. Este martes, primer día hábil de la semana tras el puente, apenas envió el aviso.

Se espera que mañana personal de la delegación de la Profepa verifique el proceso de cierre de la planta (la minera extrae oro y plata). Lo anterior es resultado de una denuncia popular que interpuso Pro San Luis Ecológico ante este organismo el 10 de noviembre.

La subprocuraduría jurídica notificó a la organización que la demanda fue admitida para investigación y que se reservaba el derecho a realizar actos de inspección, vigilancia y verificación, de acuerdo con lo que establece la Ley General del Equilibrio y Protección Ecológica (LGEEPA).

Ante el eventual cierre de la minera, los habitantes que se han opuesto al proyecto temen agresiones de los trabajadores que se verán afectados con la pérdida de sus empleos, por lo cual pidieron vigilancia estatal.

Aquí, desde el siglo XVI comenzó la explotación de yacimientos. Los primeros que operaron fueron La Descubridora y La Huachichila. En el cerro había bocaminas antiguas, como la conocida como Mina del Rey, que fue mandada a construir por un rey de España. Desapareció cuando en 2006 comenzaron las labores de Minera San Xavier, recuerda Armando Mendoza, habitante del lugar.

En 1995 llegó al poblado la firma, que hoy día pertenece a la canadiense New Gold, para explorar. Luego informó a la población que había decidido llevar a cabo un proyecto para extraer minerales con contenidos de oro y plata, para lo cual era necesario evacuar el poblado, indica la solicitud de investigación que Pro San Luis Ecológico envió a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte.

El documento refiere que con el sistema que proyectaba utilizar (tajo a cielo abierto) era inminente su afectación, así como la de otras comunidades. Agrega que la población rechazó al desalojo y el proyecto, pero la firma obtuvo una autorización condicionada de impacto ambiental para el cambio de uso de suelo forestal a minero en una superficie de 373 hectáreas, de las cuales 290 pertenecen al ejido Cerro de San Pedro, municipio del mismo nombre.

Refiere que la compañía obtuvo en arrendamiento las tierras, que incluyen el pueblo, por falsos ejidatarios, ya que los verdaderos dueños no hicieron ese contrato. De seis propietarios, cinco están contra el plan. Se trata de Ana María Alvarado, Manuel Gómez, Marcos Rangel, Anselmo Barbosa y Jesús Barbosa.

La zona está amparada por un decreto estatal de 1993, que declaró el área (por 20 años) para preservación, protección y restauración de la vida silvestre. Por eso el lugar no es apto para la actividad minera. El 5 de octubre de 2005, el TFJFA anuló la autorización; sin embargo, en 2006 la Semarnat otorgó otro permiso, el cual acaba de ser declarado nulo por el mismo tribunal.

Los desechos de la minera se encuentran atrás del templo de San Nicolás, lo cual sería una violación a la legislación ambiental, ya que de acuerdo con el artículo 36 del reglamento de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos éstos no deben ubicarse a una distancia menor de 25 kilómetros de las poblaciones. El asentamiento se encuentra a unos metros del área de las detonaciones y los desechos han llegado al lecho de un río.