A unos días de dejar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón da a conocer su versión sobre el controvertido encuentro que sostuvo en 2004 con el entonces presidente Vicente Fox, en el que analizaron el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y las consecuencias de que el gobierno federal actuara legalmente en su contra.

Entrevistado por este diario en sus oficinas –las que dejará el próximo 30 de noviembre–, Azuela asegura que el motivo de su presencia en Los Pinos no fue hablar sobre la situación legal del ex candidato presidencial perredista, sino advertir sobre el riesgo de que el general Rafael Macedo de la Concha –entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR)– fuera destituido por la Corte y consignado penalmente por incumplir una sentencia de amparo.

Azuela descalifica las afirmaciones de quienes han dado a conocer detalles de su encuentro con el mandatario panista, porque sólo estuvimos cuatro personas.

Habla sobre su intervención en el caso de El Encino, a partir del cual el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal fue acusado de violar una suspensión judicial, por lo que, en una decisión inédita, la Cámara de Diputados le quitó el fuero, lo que puso en riesgo su participación en la elección presidencial de 2006.

Advierte también sobre el riesgo que implica el actual procedimiento de selección de ministros (el Presidente de la República propone una terna al Senado y éste elige por mayoría de dos terceras partes), porque el sistema se presta a arreglos y componendas entre partidos y pone en duda la imparcialidad, objetividad, independencia y autonomía de los futuros ministros.

Asimismo, reconoce abiertamente sus ideas religiosas y asegura que no influyeron cuando la Corte discutió la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Dice que decidió no participar en la contienda por la dirigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la duda que externaron abiertamente algunos familiares y conocidos sobre su posible impedimento legal para ocupar dicho cargo.

La carrera judicial de Azuela es única: integró el pleno del máximo tribunal prácticamente durante 26 años ininterrumpidos –es el único sobreviviente en activo de la anterior integración de la Corte, la cual pasó al retiro con la reforma judicial de 1994–; ningún otro hijo de un ex presidente de la SCJN –Mariano Azuela Rivera– ocupó el mismo cargo (2003-2007).

–Usted perteneció a una Corte que fue refugio de políticos fracasados, en la que la designación de los ministros dependía de la elección del Ejecutivo federal.

–Si bien es cierto que en aquel sistema el presidente designaba y la ratificación en el Senado era prácticamente automática (…), en la Secretaría de Gobernación se realizaba un análisis muy cuidadoso del perfil de los candidatos.

“Ahora veo el sistema mucho más peligroso, porque se reduce la capacidad del Presidente para designar, porque presenta una terna que queda a las aventuras que en ese momento existan en el Senado. Además, hay otro tipo de nombramientos (como el del presidente de la CNDH y del titular del Banco de México), por lo que existe el gran riesgo de que surjan arreglos, componendas: uno para el otro, otro para el otro; los chiquitos también van a conseguir algo.”

Ante esto, propone que sea el Senado el que designe, pero estableciendo candados: que de cada dos nombramientos, uno recaiga en magistrados del Poder Judicial de la Federación, que se quite el requisito de las dos terceras partes y que la designación sea por mayoría simple.

Uno de los asuntos más controvertidos de su paso por la presidencia de la Corte fue el caso del desafuero de López Obrador.

–¿Qué pasó realmente? –se le pregunta.

–La posición del presidente de la Corte fue muy sencilla: por lo general, esta clase de asuntos no llegan a la Corte; en todos los juzgados y tribunales se analizan cuestiones de suspensión y violación a la suspensión. Pero, ¿por qué el caso llegó a la Corte? No fue por el problema del jefe de gobierno del Distrito Federal.

“El problema fue cuando un tribunal colegiado confirmó la sentencia que obligaba a la PGR a determinar si ejercía o no acción penal por la violación de una suspensión (por parte de López Obrador) (…). Como la PGR no hacía nada, los quejosos pidieron amparo en contra del procurador, y el acto reclamado era definir si era o no de ejercer acción penal en contra de quien había violado la suspensión.

La PGR interpone recurso de revisión, un tribunal confirma la sentencia y la requiere para que cumpla la sentencia.

Explica Azuela que primero se reunió con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y con el procurador Rafael Macedo de la Concha. “Me buscaron, los recibí y ahí fue cuando me enteré del problema. Debo decirle que desde el inicio de mi responsabilidad mi decisión fue no dar clases de política a los políticos.

Al secretario de Gobernación le repetí que la Constitución dice que si no se acata la sentencia, el asunto se mandaría a la Corte, y ahí, ésta tiene la facultad de separarlo de su cargo y consignarlo ante un juez de distrito por desacato a una sentencia de amparo.

Considera que era lógico que Fox lo citara a hablar con él después de lo que le había dicho a sus colaboradores. “Cuando me invitó a esa reunión pensé que íbamos a estar él y yo nada más; no me dijo que iban a estar el secretario de Gobernación y el procurador. En el encuentro con el Presidente vino el planteamiento y el diálogo, y yo, con mi misma línea: “la Constitución dice esto. No se hace nada, ¡zas!.

Ahora, qué hace (si ejercería acción penal o no), pues no es problema mío, y ya vendrán las consecuencias de lo que haga.

–¿Se arrepiente de haber ido a esa reunión?

–Me arrepentiría si mi posición hubiera sido: no, pues, a ver cómo lo arreglamos. O decir cosas contrarias a la Constitución y a ley.

–Es que pareciera que la Corte y usted se pusieron del lado del presidente Fox.

–Esas fueron interpretaciones que se hicieron. Yo me puse del lado de la Constitución y dije: esto va a suceder en relación con el procurador. Respecto a lo demás no tenía nada qué decir, porque eso iba a ser responsabilidad del juez penal, quien tenía que determinar si realmente había elementos para librar orden de aprehensión o dictar auto de formal prisión.

–A partir de ese asunto usted empezó a ser uno de los personajes públicos más caricaturizados. ¿Qué siente cuando ve esas caricaturas?

–Siempre he procurado ser muy celoso, muy respetuoso de la posición de cada quien, aunque uno tiene su corazoncito y cuando alguien lo alaba, pues le gusta a uno, y cuando lo critica, sea válida o inválidamente, tampoco le agrada.

Destaca la importancia de que las sesiones de la Corte se transmitan en vivo por canal judicial, experiencia única en el mundo, y que las personas vean que nos enojamos, nos entristecemos. “Nos hacen mucho más cercanos al justiciable, que ya no ve a los ministros en el pináculo de los dioses lejanos, impolutos: somos seres humanos …”.