n las primeras horas de este martes, luego de postergar en varias ocasiones una votación que por ley habría tenido que realizarse el 15 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, por un monto de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, con ajustes por 96 mil 626 millones respecto de la propuesta enviada por el Ejecutivo federal.
La aprobación del gasto público para el año entrante tiene algunos aspectos positivos, particularmente en lo que se refiere al respeto presupuestal de distintas universidades e instituciones públicas de educación superior (la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional entre ellas), que en conjunto recibirán un monto adicional de poco más de 9 mil 300 millones de pesos en relación con lo proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Otro aspecto rescatable es el resarcimiento del gasto público destinado a la cultura, rubro que, de haber sido avalada la propuesta del Ejecutivo, habría sufrido un recorte de 25 por ciento respecto del PEF 2009.
Más allá de estos elementos, la aprobación del presupuesto constituye, en los hechos, una suerte de toma adelantada del poder por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a raíz de su victoria electoral en julio pasado, un claro posicionamiento de ese instituto político con miras a los comicios presidenciales de 2012, y un triunfo para sus cacicazgos locales: no otra cosa es la histórica asignación para los gobiernos estatales en manos del tricolor de la mayor cantidad de recursos públicos en su historia, por concepto de transferencias federales, infraestructura carretera y apoyos para el campo. Significativamente, cerca de dos tercios de los ajustes realizados por el propio PRI, por conducto de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, acabaron por beneficiar a las administraciones estatales.
La entrega de la mayor parte de los recursos públicos de la Federación al tricolor, por vía de sus gobiernos en las entidades, no es una buena noticia para las expectativas de democratización del país, por cuanto ha sido precisamente en esos ámbitos en donde el priísmo se ha aferrado, durante los casi nueve años que lleva en la oposición a escala federal, a las viejas prácticas corporativas, al empleo indebido, omnímodo y faccioso del poder, así como al ejercicio administrativo opaco, discrecional y corrupto.
Por lo demás, en contraste con el amplio margen de maniobra de que dispondrá el PRI en los meses siguientes, la aprobación del PEF 2010 arroja una perspectiva de derrota y debilitamiento para el Ejecutivo federal, cuyo titular, Felipe Calderón Hinojosa, se limitó a decir ayer que su gobierno ejercerá un gasto honesto, transparente y eficaz de los recursos públicos que le fueron asignados. En lo sucesivo, corresponderá a las distintas instancias de fiscalización y a la sociedad en general estar alertas y vigilar que el gobierno federal no actúe de manera discrecional y facciosa en la aplicación del presupuesto, como ha venido ocurriendo a lo largo de las dos administraciones federales panistas.
Para finalizar, la forma en que fueron aprobados la Ley de Ingresos y el PEF para el año entrante hace insoslayable suponer la existencia de una negociación entre el binomio que integran el PRI y el Partido Acción Nacional para otorgar al primero el control del presupuesto nacional a cambio de su respaldo a las alzas impositivas recientemente aplicadas al consumo y a los salarios. Dicho intercambio pone de manifiesto una distorsión mayúscula a la vida republicana y da cuenta de un ejercicio del poder que no tiene como fundamento las necesidades del país, sino la negociación política y la defensa de intereses partidistas, muchas veces inconfesables.
