l golpe de mano del régimen espurio de Felipe Calderón contra el organismo público Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responde a un vasto proyecto de ingeniería social. En la coyuntura los que mandan se sienten fuertes y creen poder llevar a cabo una estrategia de rollback: dominio y vuelta atrás. Por eso, las grandes empresas y sus aliados políticos están agitando la lucha de clases de manera implacable contra los trabajadores. Buscan reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo de lucha. Quieren regresar a los obreros a los días de las fábricas satánicas del siglo XIX, cuando los salarios eran casi de esclavos. Creen tener armas suficientes para eliminar los contratos colectivos de los trabajadores y destruir los derechos humanos, políticos y sociales de la población en general. Apuestan a destruirlo todo y aumentar el poder privado.

Los grupos monopólicos, oligopólicos y multinacionales mexicanos quieren un Estado de bienestar poderoso, que les proporcione recursos, subvención y protección. Un Estado niñera dirigido a los ricos exclusivamente. La filosofía de los poderosos es robar lo más posible y olvidarse del día de mañana. Hoy, como siempre, el capitalismo depredador y parásito necesita privatizar el beneficio y socializar los costes y el riesgo. Que las facturas las paguen los de abajo. Además, como en los tiempos de Ricardo y Malthus, las opciones para el trabajador y el pueblo pobre son cárcel o hambre, o lo que puedan ganar en un mercado laboral sin derechos, desregulado, flexibilizado.

La crisis profunda del actual sistema de dominación es el espacio para la recuperación del modelo de acumulación capitalista. Para reactivar el capital, los barones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y sus porros en el gabinete calderonista necesitan una gran derrota obrera. Por eso la asonada policial-militar y multimediática contra el SME y la ruptura del contrato social emanado de la Constitución de 1917. Pero al quebrar el orden previsto en la Carta Magna, Calderón también rompió el pacto nacional. La actual ofensiva clasista es un salto cualitativo en la ruptura de los pactos social y nacional posrevolucionarios.

La clase dominante está profundamente imbricada con el Estado. En épocas de crisis del sistema político, cuando los mecanismos de gobernabilidad tienden a agotarse, suele producirse una regresión neoligárquica. La dominación oligárquica elimina las mediaciones conciliatorias y es ejercida directamente por los grupos propietarios, aunque se haga por medio del Estado (ley Televisa). Esa estrategia de administración de la descomposición política es sustentada por una alianza de poder, que aunque mantenga violentas disputas internas y genere inestabilidad política y vacíos de poder (verbigracia, en la coyuntura, la disputa interoligárquica por la fibra óptica y el triple play, y las escaramuzas mediáticas entre Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial por el paquete fiscal), mantiene una coherencia de intereses dominantes. Pese a las diferencias interoligárquicas, los desplazamientos de los grupos de poder y los cambios en la correlación de fuerzas, existe una real estabilidad en la inestabilidad; la estructura de poder de clases no se modifica de manera sustancial.

A pesar de estar imbuida de la lógica vertical y autoritaria propia de las corporaciones, la elite gobernante suele hacer la defensa retórica y demagógica de la democracia. Igual ocurre con el estado de derecho, la ciudadanía y los pobres versus la antipatria y la subversión, encarnada hoy, en el discurso oficial, por los delincuentes holgazanes del SME. No puede haber una democracia construida sobre la mentira. Tampoco se puede gobernar sólo con propaganda. El estado de derecho en México es una ficción. La colusión delincuencial entre empresarios y gobierno se ha profundizado. Las bandas cleptocráticas operan desde el poder.

La clase dominante necesita encubrir su poder bajo el concepto democracia, aunque ésta sea hueca, formal, de baja intensidad. Para eso tiene bajo control a la industria ideológica de la propaganda. Todo un sistema doctrinal que incluye a los medios de difusión masiva, la industria del espectáculo, el sistema educativo, el político, sus papagayos orgánicos y todo lo que se ha dado en llamar la industria de relaciones públicas. El papel de los medios electrónicos es clave para manipular, engañar a la población y generar una falsa conciencia. El sistema de propaganda del régimen y sus patrocinadores no quiere que la gente piense; debe mantener a las masas estúpidas e ignorantes. Usan el concepto democracia como una forma de control de población. No en balde el golpe gubernamental contra LFC y el SME fue precedido de una intensa campaña de guerra sucia y linchamiento mediático contra la dirigencia del sindicato de electricistas, que adquirió rasgos de una intoxicación informativa.

Es falso que el gobierno de facto actúe en función de los intereses de la población. Calderón administra los intereses de una tiranía privada. Usa al pueblo, sirve al capital. Él y sus amos odian lo colectivo, lo social organizado, la democracia popular. Pero eso no se le puede decir a la gente. El candidato del empleo no podía prometer en campaña, vótenme, voy a despedir a los 44 mil trabajadores del SME, perder un millón de empleos en un año y dejar en la informalidad a 28 por ciento de la fuerza laboral.

Este México no da más. El país requiere un nuevo pacto social, que sólo podrá ser arrancado mediante la lucha y organización populares. Ante el desafío de los de abajo, Calderón apuesta a un Estado de nuevo tipo autoritario y militarizado. Así están las cosas.