San Salvador, 15 de noviembre. Un jardín de rosas cubre hoy el patio donde fueron arrastrados por un comando militar los sacerdotes jesuitas de origen español Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, asesinados junto con otros cuatro religiosos y dos mujeres la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en represalia por haber respaldado los reclamos de justicia en El Salvador, que se acercaba entonces a una década de guerra civil.

En ese jardín, que fue el patio de la casa de los directivos de la Universidad Centroamericana (UCA), la abogada Almudena Bernabeu, del Centro de Justicia y Responsabilidad y de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, expresa 20 años después su confianza en que los responsables de la matanza serán castigados.

Habrá justicia, éste es un caso sólido. Además veremos cómo mucha gente va a cooperar y hablar. Se sabrá la verdad, dice Bernabeu, quien en nombre de las dos organizaciones citadas presentó hace un año ante la Audiencia Nacional de España, principal instancia penal de ese país, una querella contra el presidente de El Salvador en 1989, Alfredo Cristiani, siete altos oficiales de las fuerzas armadas salvadoreñas y siete militares que presuntamente colaboraron en la matanza.

Los homicidios fueron cometidos dos semanas después de que había comenzado la mayor ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desde 1980 había aglutinado en una sola organización guerrillera a cuatro agrupaciones que en los años 70 se habían levantado en armas contra un régimen dominado por militares.

Para tratar de contrarrestar la ofensiva, Cristiani había decretado el toque de queda de las 19 horas a las 7 de la mañana y sólo las fuerzas armadas podían desplazarse a esas horas, mientras cientos de guerrilleros hostigaban a las tropas gubernamentales en la periferia y en algunos barrios suburbanos del norte y oriente de la capital.

Además de Ellacuría, rector de la UCA, y Martín Baró, vicerrector, fueron asesinados a sangre fría, en sus habitaciones, los sacerdotes Segundo Montes, entonces director del Instituto de Derechos Humanos; Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amado López. También la trabajadora doméstica de los religiosos y su hija.

Por la comisión de los crímenes fueron denunciados siete integrantes del batallón Atlacatl, que en medio del conflicto fue entrenado por militares estadunidenses en operaciones especializadas de contrainsurgencia.

Además de Cristiani, como encubridores de los homicidios fueron demandados el entonces ministro de Defensa, Humberto Larios; el jefe del estado mayor, René Ponce; el comandante de la fuerza aérea, Rafael Bustillo; el viceministro de Defensa, Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Orlando Montaño; el comandante de la primera brigada con sede en San Salvador, Francisco Elena Fuentes, y el decano del Colegio Militar, Carlos Camilo Hernández.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, admitió en enero pasado la querrella presentada por las dos organizaciones, pero excluyó a Cristiani de la causa en tanto no se le acredite alguna responsabilidad en los hechos.

Éste es un proceso lento y puede ser largo, pero en un año hemos tenido varios logros. En primer lugar, que haya sido admitido, explica Bernabeu.

Otro punto relevante, añade, es que hemos tenido acceso a informes de inteligencia de varios países, a documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en los cuales se indica que este crimen se comenzó a gestar el 13 de noviembre, tres días antes de los hechos en sí.

Con la querella ante la Audiencia Española se pretende superar el fracaso de dos procesos anteriores en busca de justicia. En el primero fueron encarcelados dos oficiales a quienes amnistiaron en dos años. En el segundo, los presuntos autores intelectuales fueron sobreseídos. Uno de los obstáculos ha sido la vigencia de amnistía general de 1993, decretada por Cristiani antes de concluir su mandato.

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, los cuerpos de los jesuitas –vestidos con pijamas– fueron tendidos sobre el patio de la casa. El inmueble es hoy un museo y ahí se exhiben los recuerdos de la matanza: ropa y objetos ensangrentados, libros con hoyos de balas, fotografías y un cuadro del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980, en el preludio de la guerra civil que terminó con un acuerdo de paz en 1992.