as negociaciones sobre el Presupuesto de Egresos 2010 en la Cámara de Diputados, cuya discusión plenaria volvió a ser postergada ayer, pone en evidencia una irracional propensión a manejar los recursos públicos como botín político.
A los jaloneos entre PRI y PAN por la asignación del gasto a los programas sociales a cargo del gobierno federal –los cuales, como se sabe, son manejados más como plataforma político-electoral partidista que como herramientas de combate efectivo a la pobreza–, debe añadirse la pretensión de ese binomio de excluir de las participaciones federales a las administraciones encabezadas por el PRD, como han denunciado distintas voces de este instituto político.
De esta manera, priístas y panistas no sólo buscan dar ventajas de claro corte electorero a sus representantes y candidatos, sino también castigar a los ciudadanos que se manifestaron en las urnas contra esos partidos, habida cuenta que el ninguneo presupuestal no afecta principalmente a los gobernantes, sino a sus gobernados.
Es de particular gravedad la perspectiva que enfrenta el Distrito Federal, que sufre una ofensiva política desde mediados del sexenio foxista, cuando el jefe del gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, y que se mantiene en la administración calderonista contra la que encabeza Marcelo Ebrard. La principal motivación de tal hostilidad es, justamente, el afán de legisladores federales, priístas y panistas, de dejar sin recursos a la capital del país, sin considerar que esa medida afectará ante todo a los sectores populares de la urbe –considerada el corazón político y económico de la República– y a la mayor parte de los habitantes del estado de México, muchos de los cuales desarrollan sus actividades laborales y académicas cotidianas en el Distrito Federal.
El empeño por ejercer un despojo presupuestal a las entidades gobernadas por el PRD es tan grotesco como si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que el perredismo es mayoría, recortara recursos a las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, gobernadas por panistas.
En suma, los legisladores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional intentan realizar una maniobra de castigo contra los electores de la oposición, lo cual resulta indecente, insensible, faccionalista y patrimonialista, y vulnera el sentido del pacto federal y los principios básicos del espíritu republicano.
Ante la intención de PRI y PAN de otorgar a sus
entidades la parte del león del presupuesto 2010, resulta inevitable concluir que el país corre el riesgo de que los recursos se asignen sin otro criterio que el agandalle faccionalista. Si ello llega a ocurrir, la ciudadanía tendrá una razón adicional para no creer en la rectitud ni en las buenas intenciones de los políticos que fungen como operadores del grupo gobernante, y para acentuar su desconfianza hacia el conjunto de la institucionalidad política del país.
