as elites políticas y económicas se mueven como pollos con la cabeza cortada. Se agitan, revolotean, pero sin rumbo ni propósitos. Desprecian la negociación y los acuerdos porque están convencidas que un derrota total de sus contrincantes es factible y deseable.
La incapacidad para encontrar puentes de entendimiento con el SME ilustra plenamente lo anterior. Minimizan los efectos de la agudización del encono social y cantan victorias pírricas. Aplican el principio del mal menor y el principio del mínimo común denominador.
Desde las elecciones de 1988 por razones de legitimidad y luego, a partir de 1997 por razones electorales, los acuerdos entre distintas y a veces antagónicas fuerzas políticas se convirtieron en un tema crucial de la gobernabilidad. Sin embargo para casi todos los actores políticos la pérdida de mayorías estables en el Congreso no ha conducido a la construcción de una una nueva coalición gobernante. El eje de los acuerdos en el Congreso –generalmente poco transparentes– han sido alianzas puntuales y desaseadas entre priístas y panistas que usualmente generan fricciones al interior de ambos agrupamientos.
La aplicación del principio del mal menor obedece a tres razones. Primera, la dificultad para legitimar ante la opinión pública las negociaciones políticas como ejercicios normales en toda democracia porque en general se trata de acuerdos vergonzosos. Segunda, la dificultad para procesar al interior de los partidos conductas proclives a la negociación política cuando predomina el agandalle. Tercera, una visión cortoplacista que mira más a las ganancias inmediatas.
El mínimo común denominador en las negociaciones supone acuerdos basados en cómo limitar el costo de negociar con un contrincante en espera del momento providencial en que terminen arrollandólo electoralmente.
Ambos principios han producido conservadurismo en las iniciativas políticas e inercia institucional.
Recuperar la plena gobernabilidad requiere un proceso deliberado, acompasado, gradual y acumulativo de desmantelamiento de los enclaves autoritarios que bloquean acuerdos y negociación. Para ello se necesita enfrentar la fragmentación del espacio público. Fragmentación en el Estado, desde el estado, en la sociedad y al interior de las fuerzas sociales.
¿Cómo sortear ese bloqueo? A partir de una multiplicidad de iniciativas políticas que sean capaces de articular instancias fragmentadas y de establecer puentes de vinculación.
Para mí esas iniciativas, que están en marcha desde hace varios meses, giran en torno al combate a los privilegios sean éstos de las elites políticas, de los monopolios empresariales, de los funcionarios públicos o de las agrupaciones corporativas. Se expresan en formas tradicionales como manifestaciones, marchas o plantones. O en campañas como la del voto nulo y antes, en la campaña de las izquierdas en torno a la reforma energética. También cobran crecientemente fuerza el peso de las movilizaciones virtuales como internet necesario
contra el impuesto a éste y ahora ya bájenle
a favor de reducir el presupuesto de los partidos, o antes en las campañas del agrupamiento dejemos de hacernos pendejos (DHP)
; todas ellas siempre acompañadas de actos simbólicos o performances políticos.
Estas variopintas expresiones de protesta, hartazgo y rechazo político tienen además un anhelo en positivo: participar y formar parte de las soluciones a los problemas que se plantean. No se trata solamente de protestas ni solamente de propuestas. Son protestas propositivas. Es ahí, en la fibra básica de lo que hoy mueve a sectores de ciudadanos, de organizaciones e incluso de fuerzas políticas, donde habría que encontrar articulación de luchas, construcción de narrativas comunes y presión sobre las elites políticas para arribar a acuerdos de largo plazo.
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